Pensiones: implicaci0nes de no hacer nada

El imparable proceso de envejecimiento de la población española, debido a la combinación de una mayor esperanza de vida acompañada de una drastica reducción de la natalidad, derivará, con casi total certidumbre, en un progresivo deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. Así, según el informe de la Dirección Económica y Financiera de la Comisión Europea, de la actual situación de moderado superávit (por encima del 1% PIB debido a unos ingresos por cotizaciones de 10% y gastos por prestaciones en pensiones contributivas del 8.3%), se pasará, en ausencia de reformas, y teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del INE para el periodo 2009-2049, a un déficit que alcanzará el 6% del PIB en 2050 (producto de unos ingresos por cotizaciones del 10% del PIB y unos gastos por prestaciones del 16%) y cercano al 10% en 2060. La magnitud del déficit previsto convierte las propuestas de contener la generosidad del sistema y la necesidad de trabajar más y hasta edades más avanzadas en imprescindibles para el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones. La mayoría de los países de la OCDE, que paceden un proceso de envejecimiento demográfico parecido al caso español, ya han implementado, o están en proceso de implementar, medidas de contención y racionalización del gasto en pensiones. Los anticipos de reforma en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido así lo sugieren.

El caso español (al igual que en Alemania e Italia por ejemplo) tiene la particularidad de que la mayor carga que representará el gasto en pensiones en un futuro próximo se combinará con una población en edad de trabajar decreciente (la cohorte de diez años de edad es apenas la mitad que la cohorte de 30 años, que a su vez prácticamente dobla a la de 65), lo que más que doblará la tasa de dependencia. En este contexto, nos preguntamos que implicaciones tendría mantener un sistema como el actual dadas estas proyecciones demográficas.

El gasto en pensiones en relación al PIB se puede ver como el producto de cuatro factores: la tasa de cobertura de las pensiones, la tasa de dependencia, la inversa de la tasa de empleo y el ratio pensión media respecto la productividad media o generosidad del sistema de pensiones. Suponiendo constante el primer factor (que en realidad crecerá), si no se modificaran las prestaciones (i.e. sus reglas de cálculo y de elegibilidad) y la productividad mantiene una senda de crecimiento constante el cuarto factor no variaría. El segundo factor es la tasa de dependencia, que aumentará del 25% en 2010 al 60,6% en 2049, o lo que es lo mismo, se multiplicará por 2,42. De esta forma, de no modificar el sistema, y solo por el aumento de la tasa de dependencia, el gasto en pensiones pasará del 8,3% del PIB (en el 2009) al 20,1% en el 2049.

A la hora de analizar la presión fiscal necesaria para soportar este gasto, la reducción de la natalidad tiene importantes consecuencias ya que, manteniendo el actual nivel de generosidad, la carga esperada que debe soportar cada individuo de la generación joven es mayor. ¿Podrá nuestro sistema productivo absorber tal volumen de gasto (de 8,3% a 20,1%) en las próximas décadas?

Es obvio que solo una mayor tasa de empleo podría contribuir a absorber dicho incremento en el gasto. Un simple cálculo contable revela que para mantener el gasto en pensiones en el 8,3% necesitaríamos una tasa de empleo del 144%. Siendo un poco más realistas, el principal problema es que, en el 2049, aun alcanzando una tasa de empleo 'sueca' el empleo total disminuiría en un 5%, debido al decaimiento de la población en edad de trabajar (recuérdese que la cohorte de 10 años en 2009 es sólo el 51% de la 30 y que la de un año en 2009, el mayor de los recientes, es sólo el 60%). En consecuencia, con una tasa de crecimiento de la productividad del 1,5 anual, el PIB sería solo (aproximadamente) 1,50 veces el actual. Ciertamente en 2049 todos seríamos más ricos, pero esa no es la cuestión central, ya que hay un límite a la magnitud de transferencias intergeneracionales que se pueden realizar sin generar desincentivos al esfuerzo y a la inversión.

Actualmente hay que transferir, de cada 2,4 individuos a cada pensionista, 9 unidades de cada 100 para financiar las pensiones. En 2050, de cada 1,05 trabajadores a cada pensionista, habría que transferir casi 27 unidades, tres veces más. Esto supone que la presión fiscal sobre los ocupados derivada del gasto en pensiones se tendría que multiplicar por 2,78. Otras vías de financiación, por ejemplo, financiación vía impuestos generales nos llevarían a conclusiones similares, ya que los aumentos de la presión fiscal asociados tendrían graves consecuencias sobre el empleo (financiación vía IRPF) o sobre la inversión (financiación vía impuesto de sociedades) o sobre ambos.

El panorama sería aún más sombrío si considerásemos en el análisis otros gastos relacionados con el envejecimiento, como pueden ser los gastos sanitarios y en dependencia, que probablemente también deberán ser profundamente revisados. Aunque hay quien opina que gastamos relativamente poco en la población mayor, el problema no está realmente en cuánto gastamos, como sociedad, en este colectivo, sino a qué ritmo dejamos crecer estas importantes partidas del gasto. No corregir el ritmo de crecimiento de dichas partidas a su debido tiempo detraería recursos de otros programas del gasto público (infraestructuras, educación, formación) que son fundamentales para el futuro crecimiento de la economía española y, por ende, para la propia sostenibilidad del sistema de pensiones, que, recuérdese, se sustenta sobre el trabajo de nuestros hijos.