Denuncian a un empresario por una presunta retirada ilegal de amianto

Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han llevado a cabo una actuación en el polígono industrial de El Portal por la que han denunciado las numerosas irregularidades cometidas por un empresario en la retirada de amianto de la cubierta de una nave industrial.

La fuerza actuante fue alertada por un particular de que el citado empresario llevaba a cabo trabajos de desmantelamiento de una nave de unos 600 metros cuadrados, aprovechando la nocturnidad para no ser descubierto. Efectuada una investigación se pudo comprobar cómo el desmantelamiento se llevaba a cabo sin ningún tipo de autorizaciones administrativas ni observancia de las medidas de seguridad laboral.

Entre los materiales retirados, se hallaron placas onduladas de fibrocemento que conformaban la cubierta de dicha nave, con un contenido de amianto de entre el 10% y el 30% de su peso. La acción mecánica sobre las placas, en este caso cuando se produce el desmontaje del techo, implica la posibilidad de emisión de fibras de amianto a la atmósfera, por lo que es necesaria la adopción de unos métodos de trabajo y unas medidas de seguridad.

El empresario en cuestión no llevó a cabo las obligaciones establecidas en los métodos de trabajo con amianto, tales como que las placas deben ser embaladas para su transporte y que tienen que impregnarse con una solución acuosa para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o la rotura accidental.

Del mismo modo, tampoco llevó a cabo las medidas obligatorias de protección de los trabajadores, como son el uso de mascarillas con filtro de partículas, utilización de monos de trabajo desechables, etcétera. Por otra parte, las empresas que realizan este tipo de trabajo deberán estar inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), así como presentar un plan de trabajo que sea previo al inicio de las obras.

Por lo anteriormente expuesto, se procedió a formular la pertinente denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ante la Inspección Provincial de Trabajo, por infracción a la Ley 10/1998 de Residuos y al Real Decreto 396/2006 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.