Justicia en democracia

La apertura del año judicial permitió al fiscal general del Estado dar cuenta de la memoria de 2009. El incremento de un 1,5% en el número de procedimientos no parece excesivo en medio de la crisis económica. Además, la reducción de los delitos contra la integridad física y la propiedad ha conducido a la Justicia a hacerse cargo de otros ilícitos sociales. Pero que durante el pasado año dichos procedimientos llegaran a 4.753.144 continúa siendo un dato preocupante. El Gobierno considera que tal acumulación de casos requiere más de la reorganización del sistema judicial que de una mayor dotación de medios humanos y materiales. Postura que, por racional que parezca, ha suscitado no poca inquietud en la propia judicatura ante la posibilidad de que vaya en detrimento de la calidad de la Justicia y de la independencia de los jueces. Son riesgos que podrían derivarse de una oficina judicial que orille a los jueces, del traspaso de la potestad de instrucción a favor de los fiscales o, en otro orden de cosas, de las oportunidades que la creación de consejos autonómicos podría conceder a la intromisión de los correspondientes poderes políticos. No es casual que Carlos Dívar recordara ayer que la sentencia del TC sobre el 'Estatut' reconoce al CGPJ como «único órgano de gobierno de los jueces y magistrados». El fiscal general sugiere también en su memoria otra modificación que suscita dudas jurídicas, cual es la de eliminar la prerrogativa de no declarar en contra de un pariente cercano en los casos de violencia de género. El hecho de que tal dispensa haya sido utilizada por algunas víctimas para impedir la condena del victimario parece demandarlo; pero el argumento podría extenderse a todo tipo de delitos. Conde Pumpido quiso llamar la atención acerca de las dificultades a las que se enfrenta la instrucción de los casos de corrupción política. Una lacra que afecta gravemente a la credibilidad de nuestro sistema democrático y que merecería la asignación de más medios junto a una mayor diligencia para preservar el secreto de cada sumario.