Dívar advierte del riesgo de que los fiscales instruyan las causas penales

La futura reforma legal para que los fiscales instruyan las causas penales en lugar de los jueces, tal y como anunció la pasada semana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no ha caído bien entre la cúpula judicial. A las críticas de las asociaciones judiciales nada más conocer la noticia, ayer martes se sumó un nuevo apoyo en la figura del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar.

Bajo la atenta mirada del ministro Caamaño y del Rey don Juan Carlos, Dívar aprovechó el discurso de apertura del año judicial para recordar al Gobierno de los riesgos de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que da más competencias a los fiscales, y cuyo primer borrador esta previsto antes de finalizar el año. El presidente del Poder Judicial señaló que se trata de un cambio de modelo que habrá de ser abordado «con suma prudencia, dada su repercusión en la planta judicial».

El máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial recordó el alto nivel de protección jurídica que recoge la Constitución y que ahora ampara al Juez de Instrucción para defender que no se cambien las cosas. Una postura que mantienen las asociaciones judiciales, que ya han manifestado la necesidad de solucionar antes otras demandas de la carrera que adentrase en un asunto que consideran «meramente político» y que, en todo caso, podría no llegar a aprobarse en esta legislatura.

Desde que llegó al Ministerio de Justicia, hace año y medio, Francisco Caamaño ha tenido entre ceja y ceja sacar adelante esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un empeño personal que cuenta con el apoyo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha manifestado en varias ocasiones su respaldo a esta medida.

La novedad más importante que traerá la nueva legislación que el Gobierno ya estudia es que los fiscales pasarán a instruir los procesos penales en lugar de los jueces, una competencia muy común en otros países europeos, y de forma particular en los anglosajones, donde los representantes del Ministerio Público son los responsables de dirigir la investigación y los magistrados se encargan de asegurar las garantías del procedimiento y los derechos de los ciudadanos que se someten a una causa penal.

Modelo

La reforma judicial trata de configurar un proceso que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras, tal y como ocurre en Alemania, Portugal, Francia o Italia, donde predomina un sistema mixto -los fiscales instruyen determinados delitos dependiendo de su gravedad- o países anglosajones como Estados Unidos o Inglaterra, donde los acusadores públicos llevan todo el peso de la investigación penal.

Otras dos novedades que traería consigo la Ley de Enjuiciamiento Criminal son la regulación de la figura de la acusación popular en los procesos y la modificación de los juzgados de instrucción. Con respecto a la primera, Francisco Caamaño aseguró hace una semana que abrirá una reflexión para limitar sus competencias, ya que es «muy difícil» explicar a los ciudadanos «que el interés general no lo defiende solo la Fiscalía, sino asociaciones que, sin ser víctimas del delito, pueden personarse en el proceso penal y mantener la acusación», caso del pseudosindicato Manos Limpias en la causa contra Baltasar Garzón por la memoria histórica.

La otra revolución es que los actuales juzgados de instrucción que son unipersonales serán sustituidos por tribunales de Primera Instancia, es decir, por órganos colegiados por varios jueces. Se trata, en suma, de rentabilizar recursos y de evitar la imagen de que un asunto recae en un juzgado tiene una determinada solución y si lo lleva otro el resultado es distinto.