Los intentos de la delegación de Cultura

Ninguno de los firmantes del manifiesto remitido al Gobierno conocían ayer los resultados definitivos de las gestiones que la delegación de Cultura de la Junta en Cádiz había realizado para intentar recuperar la documentación. Por lo pronto, Gutiérrez Molina afirma que, según han tenido constancia recientemente, «puede que los archivos que posee José Manuel Cano ni si quiera procedan de la antigua cárcel de Cádiz, ya que, al menos los que ha mostrado, pertenecerían a la Junta Provincial de Libertad Vigilada». En cualquier caso, el problema de fondo es el mismo: «Algo tan sensible no puede estar en manos de un particular».

La posición de personalidades implicadas en el movimiento memorialístico, como Fernando Romero, Santiago Moreno, o el propio Gutiérrez Molina, se ha vuelto aún más rotunda después de tener constancia de las «diversas peripecias» que ha sufrido el director del Archivo Histórico Provincial en sus intentos por lograr que Cano entregara los expedientes. «De entrada, se le pidió al representante de la administración algún tipo de recompensa, aunque fuera en forma de material de oficina», explican en un texto conjunto. «Pero después pretendió 'colocarle' sólo una parte del material, algo que el señor Ravina no admitió, con muy buen criterio».

Entre tanto, los firmantes esperan que «si ha hecho llegar parte de la documentación a sus familiares» esperan que «haya sido de forma altruista», aunque afirman que esa postura no tiene precedentes en «ninguna de las muchísimas asociaciones que trabajan ni en Andalucía y en España dentro del campo de la Memoria Histórica».