El Gobierno estudia una reforma de la ley del Constitucional
La tardanza en renovar el Tribunal obligará a limitar el mandato de los magistrados que elija el Senado de nueve años a seis
MADRID. Actualizado: GuardarEl Gobierno estudia una reforma legislativa para hacer frente a los problemas que ya ha suscitado el bloqueo de casi tres años en la renovación del Tribunal Constitucional. Es la primera vez que el Ejecutivo plantea esta posibilidad. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que los retoques serían limitados y perseguirían tan solo evitar que se incumpla el mandato constitucional que obliga a que el relevo de los magistrados se produzca en bloques de cuatro. Pero el mero anuncio introduce un elemento de presión en la negociación con el PP.
El primer partido de la oposición reclamó la semana pasada siete días de prórroga antes de convocar la Comisión de Nombramientos del Senado que debe elegir a los sustitutos de, entre otros, la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. La solicitud alentó las esperanzas del Gobierno en un cambio de postura por parte de Mariano Rajoy. Aspira a que haya decidido prescindir de Enrique López -uno de los dos magistrados a los que quería colocar y 'bestia negra' del Gobierno durante sus años de portavoz en el Consejo General del Poder Judicial -que fue vetado por el Senado al no contar con 15 años de ejercicio en la judicatura, como requiere la ley.
La duda se resolverá mañana. Pero los socialistas siguen sin tenerlas todas consigo. Tanto es así, que hace tiempo que analizan fórmulas para evitar que en un futuro pueda producirse un bloqueo institucional similar. Una de ellas sería la de limitar la capacidad de los magistrados que ya han agotado su mandato para que no puedan resolver sobre recursos que afecten a leyes orgánicas. Sin embargo, existen dudas de que semejante medida solucionara nada, e incluso se teme que pudiera abrir crisis institucionales de aún mayor calado.
La 'número dos' del Gobierno puso énfasis en aclarar, en un desayuno con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que lo único que se estudia ahora es una modificación para garantizar que se cumplan en adelante las renovaciones por tercios, como exige la Carta Magna. Si el bloqueo en la renovación de los magistrados que elige el Senado se prolonga aún más podría darse la circunstancia de que se juntara con el tercio que en noviembre debe renovar el Congreso, pero en todo caso, ya se ha llegado a una coincidencia temporal que no se ajusta a la letra de la ley: en 2010 van a cambiar, si es posible, dos tercios del tribunal.
Seis años de mandato
Los mandatos de los magistrados duran nueve años. Lo que se plantea el Ejecutivo es limitar a seis años el periodo de actividad de los miembros del Constitucional que debe elegir la Cámara Alta para que compensar por los tres años de retraso que ya se han producido en su designación. Esta reforma requeriría, en todo caso, del acuerdo de las formaciones políticas y tendría sentido siempre y cuando se produjera algún movimiento para desatascar las negociaciones.
En el PSOE aseguran que la situación ha llegado a un punto en el que solo será posible el acuerdo si, como ocurrió con el Consejo del Poder Judicial, surge de los líderes de los dos partidos mayoritarios, José Luis Zapatero y Mariano Rajoy. Esta es una de esas votaciones que exige el apoyo de tres quintos de la cámara y requiere, por tanto, el entendimiento de ambas fuerzas. Aún así, el pasado martes, el presidente del Gobierno alegó en el Senado que este es un asunto que deben resolver a los grupos parlamentarios.