Dando largas

El comunicado que ETA hizo público ayer, mostrando su disposición a tomar en consideración la llamada Declaración de Bruselas, no despeja las incógnitas que rodean a su anunciada suspensión de «acciones armadas ofensivas» y confirma que la banda terrorista sigue resistiéndose a desaparecer. La Declaración de Bruselas, suscrita en marzo por personalidades con experiencia en tareas de paz, saludó «el nuevo compromiso público de la izquierda abertzale con los medios exclusivamente políticos y democráticos», pidiendo a ETA que apoyase dicho compromiso «declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable». Seis meses después la banda terrorista se muestra interesada en contrastar pareceres con los firmantes de Bruselas, sin duda con la intención de convertir a Desmond Tutu, John Hume y a los demás en altavoces internacionales de un proceso que aparentemente inicia de forma unilateral, pero que en realidad ya ha convertido en un emplazamiento a las instituciones democráticas para que se avengan a someter el actual marco de libertades al escrutinio de ETA. Como hiciera con el vídeo emitido por los etarras hace dos semanas, la izquierda 'abertzale' se apresuró en reafirmar su convicción de que se trata de un camino irreversible. Algunas otras voces del nacionalismo independentista y de Ezker Batua también coincidieron en calificar el nuevo comunicado de ETA como un paso más. Sin embargo cabe preguntarse si no se trata, precisamente, de un paso hacia atrás respecto a las expectativas que la propia izquierda 'abertzale' ha tratado de alentar en los últimos meses.

El texto publicado ayer refleja tal grado de sectarismo y pretenciosidad que resulta imposible hallar entre sus frases el más mínimo signo de rectificación. Parece evidente que ETA quiere recuperarse de su extrema debilidad obteniendo algún eco internacional para sus pronunciamientos y así perdurar un poco más. Pero sería inaudito que la banda terrorista lograse retorcer los términos de la Declaración de Bruselas y abusar de la buena voluntad de sus firmantes para que, de alguna manera, acaben «verificando» la naturaleza democrática del Estado de derecho en España.