El desfalco calienta el primer pleno del curso político isleño

Un espectáculo y por sesión cada vez más complicado de entender. Los diferentes debates que se producen en los plenos municipales no sirven más que para que los partidos políticos se echen los trastos a la cabeza. Ayer fue especialmente tenso el pulso que mantuvieron los miembros del Partido Andalucista y del Partidos Socialista tras llegar a las mociones y especialmente a aquella en la que nuevamente se hacía referencia a la ejecución de una auditoría externa por una empresa independiente tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos.

«Que poca vergüenza», «prepotente», «usted no tiene categoría para insultarme». De un lado y de otro caían las acusaciones, pero la más clara fue lanzada por el portavoz socialista Fernando López Gil a la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, en relación a su actuación por el robo de los 7,8 millones de euros: «usted no tiene ninguna capacidad moral para darnos lecciones de ningún tipo porque es responsable política de lo ocurrido. Todos dicen que hacían su trabajo, pero lo cierto es que nos han robado y es vuestra responsabilidad», contundente.

Lo cierto es que hace año y medio ya se tuvo prácticamente el mismo debate al menos en el fondo porque ya se pidió y aprobó esta propuesta que vuelve a resurgir sin que el Ayuntamiento haya realizado, al menos de cara al público, ningún movimiento para convertirla en realidad.

Por ello, aunque ayer se volvió a aprobar de manera unánime, no existen grandes esperanzas de que se vaya a llevar a cabo. Espejo volvió a acogerse a un escrito enviado por la Junta en el que se exponía que tales trabajos son competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas o en todo caso de la Cámara de Cuentas. Curioso razonamiento cuando precisamente el Ayuntamiento se ha gastado 60.000 euros para encargar un informe a un bufete de abogados de prestigio para rebatir el informe del órgano fiscalizador andaluz.

Nuevo reglamento

Aunque lo que realmente hundió el ánimo de los socialistas fueron las palabras con las que el alcalde, Manuel María de Bernardo, abrió el apartado de las mociones. «Hay que decir que estas se realizan mal de forma y que su aprobación atiende más a una voluntad política que a la obligatoriedad de su ejecución por la falta de informes preceptivos».

Esto quiere decir, por ejemplo que lo que se aprobó ayer no es que se hiciera una auditoría externa sino que se iniciaran los trámites para comprobar si se puede realizar la contratación de una empresa externa para comprobar las cuentas del Consistorio. Lo que conlleva la apertura de una serie de informes vinculantes que certifiquen tal posibilidad.

Por tanto, aunque el PSOE ponía un fecha (antes de un mes) parece muy complicado que vaya a convertirse en realidad. Aún así el regidor ya ha propuesto al resto de portavoces municipales una reunión para cambiar el reglamento de pleno de modo que las mociones se ajusten a la norma y que los ruegos se amplíen para que pueda haber debate y no se haga una interpretación interesada de la normativa.