Intereses encontrados

Tres semanas después de que se cerrara el anterior conflicto fronterizo con Marruecos en Melilla, las aguas de la relación bilateral han vuelto a enturbiarse de forma completamente gratuita. La carta de protesta firmada por el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, líder del partido nacionalista Istiqlal, en la que manifiesta que el viaje que hoy realiza Rajoy a Melilla es «un ataque manifiesto a la dignidad y al sentimiento nacional» de los marroquíes y pide «un diálogo serio para poner fin a la ocupación», es sencillamente inaceptable y debe ser enérgicamente rechazada por el Gobierno. No basta con declarar que la españolidad de las plazas está fuera de toda discusión. Cuando ha surgido este incidente, las relaciones se habían apaciguado completamente, por lo que ni siquiera puede compararse la visita de Rajoy con la de Aznar en agosto en pleno conflicto fronterizo. Este viaje del jefe de la oposición es, pues, un desplazamiento rutinario de un líder político de un lugar a otro en su propio país, probablemente orientado a efectuar preparativos electorales. Ni siquiera se entiende por tanto que el Gobierno del país vecino siga tan escrupulosamente los movimientos de nuestros políticos, a menos que esté patológicamente obsesionado con detectar agravios que solo están en su imaginación. Es evidente que, al margen de la cuestión del Sahara, Marruecos está efectuando una escalada en su reivindicación, comprensible pero inaceptable, de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, plazas de soberanía avaladas por sólidos títulos históricos. Melilla es española desde 1497 y Ceuta, después de la independencia de Portugal, decidió en 1640 mantenerse bajo la Corona española. Hay, pues, poco o nada que negociar con Marruecos a este respecto, y ello no debería empañar la relación bilateral, como Gibraltar tampoco impide una magnífica relación de España con el Reino Unido, ambos miembros de la UE y de la OTAN. Sin embargo, convendría puntualizar estos extremos en lugar de eludirlos como hace nuestra diplomacia. Porque la claridad será más eficaz que la ambigüedad en el cultivo de una relación difícil con un país como Marruecos, una democracia apenas balbuciente en que el 'enemigo exterior' está siendo utilizado para cristalizar adhesiones interiores.

La propuesta sobre el futuro del sistema de pensiones que la CEOE ha presentado para su discusión en el seno del Pacto de Toledo contempla, como uno de sus aspectos más relevantes, que el cálculo de las prestaciones tenga en cuenta lo cotizado durante toda la vida laboral; mientras que se distancia de la posición del Gobierno respecto a su prolongación, proponiendo que el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años se haga voluntariamente y que se mantenga la posibilidad del retiro anticipado. Es de suponer que la propuesta de la CEOE responde al interés legítimo de las empresas asociadas a dicha confederación. Pero si la comisión del Pacto de Toledo no es capaz de emitir un informe positivo, y se limita a consignar las distintas posturas de sus integrantes, la discusión sobre la reforma de las pensiones dará lugar a una situación parecida a la del fracasado diálogo social sobre la reforma laboral. Constatadas las discrepancias, el Gobierno promovería los cambios que considere políticamente convenientes, con el riesgo de que no contenten del todo ni a empresarios ni a sindicatos y, lo que sería peor, tampoco aseguren el futuro del sistema de pensiones.