El presidente defiende ahora la vía militar contra el terrorismo internacional

No existe un horizonte definido para la retirada de Afganistán. José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer en el Congreso de los Diputados que la misión de los soldados españoles en el país asiático cuenta con un escaso respaldo entre los ciudadanos, pero advirtió de que su Gobierno cumplirá el compromiso adquirido con la comunidad internacional por un principio de «responsabilidad compartida» y se negó a fijar un calendario para el repliegue definitivo de las tropas. «Lo hacemos en aras de la seguridad internacional porque cuando necesitamos a otros países -dijo para explicar su postura- también nos ayudan en nuestra seguridad más directa, más inmediata», argumentó el jefe del Ejecutivo.

Cinco años hacía que el presidente del Gobierno no daba ni la más mínima explicación en el Congreso sobre los cometidos del ejército español en el país asiático ni sobre la naturaleza de su misión. La última vez, en septiembre de 2005, lo hizo para defender que aquella era una tarea de «seguridad y humanitaria», y en respuesta airada al PP, que lo acusaba de ocultar riesgos a fin de evitar la contradicción con el abandono de Irak, replicó que a diferencia de aquella misión, las tropas españolas nunca habían sido agredidas en Afganistán.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Zapatero compareció ayer, apenas veinte días después del asesinato de dos guardias civiles y un traductor españoles en un atentado talibán. No es, ni mucho menos, el primer ataque que sufren los 1.500 efectivos allí desplazados. Tanto es así que el jefe del Ejecutivo llegó a admitir que los soldados trabajan en un escenario «bélico». Nunca había estado tan cerca de reconocer que lo que se libra en aquella tierra es una auténtica guerra.

También dista la posición que ahora defiende el líder del PSOE sobre cómo se debe evitar que el terrorismo germine en una región de gran importancia geoestratégica, respecto a la que mantenía tras su llegada al Gobierno en 2004. «Allí donde hay un país cuyo régimen se constituye en apoyo decisivo de acciones terroristas en el mundo, entonces hay que ir al corazón del problema -alegó de forma rotunda-. No comparto que no quepa una misión militar para afrontar el terrorismo islamista radical; no debe ser la primera opción ni la prioritaria, pero cuando hay que hacerlo hay que hacerlo».

Lo dijo en respuesta a las demandas de Izquierda Unida, que siempre se opuso a la presencia de España en Afganistán y hace tiempo que reclama un calendario para el abandono de la ISAF, pero también como réplica a las exigencias de CiU. El portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, alegó que es hora de reconocer que tras casi nueve años en el país asiático la comunidad internacional ha fracasado, que la estabilidad en al región nunca será la deseada y que «la democracia en todo el mundo no es posible», por lo que habría que abandonar la solución militar para dar paso a la negociación con los talibanes.

Duración definida

En realidad, hace tiempo que la construcción de un Estado democrático dejó de ser el objetivo prioritario de las fuerzas de la OTAN. Zapatero admitió que la misión no puede tener una duración «indefinida» y se mostró esperanzado en que hacia mediados de 2011 pueda acelerarse el traspaso de competencias al gobierno afgano. Ahora, todo se reduce a intentar que en 2014 las fuerzas armadas locales sean capaces de liderar todas las operaciones militares y hacerse cargo de su propia seguridad frente al desafío continuo que representa la insurgencia. Pero el jefe del Ejecutivo remarcó que mientras Afganistán siga suponiendo una «amenaza» para la comunidad internacional y pueda servir de refugio y nido de terroristas, las tropas españolas seguirán allí.

Cuenta para ello con el apoyo del primer partido de la oposición. De hecho, la principal crítica de Mariano Rajoy -al margen del debate semántico a cuenta del uso o no de la palabra guerra- estuvo en la opacidad del Gobierno sobre sus planes de futuro. El líder de la oposición alegó que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que hacen los soldados españoles por boca del presidente, pero reiteró su apoyo a la misión, que se inició bajo mandato de José María Aznar. «Hay materias como la seguridad, la defensa o el terrorismo en el que no es bueno que entre nosotros surjan diferencias ni ideológicas ni electorales ni de ningún tipo», subrayó.