La presión policial y judicial asfixia a la rama política de ETA tras el alto el fuego

Martes negro para el denominado entorno político de ETA.Y tan solo nueve días después del anuncio de alto el fuego. En menos de doce horas, las Fuerzas de Seguridad y la Justicia golpearon de manera casi simultánea los dos principales pilares 'legales' de la banda terrorista: la irredenta y montaraz EKIN, la guardiana de la ortodoxia etarra, y 'Bateragune', el último intento de la izquierda 'abertzale' más moderada por volver a las instituciones.

El primer golpe fue el de la Guardia Civil con la detención de nueve destacados miembros de EKIN encargados de mantener al mundo radical independentista bajo el yugo y el control de ETA con la distribución continuada de directrices y campañas de movilización, y siempre pendientes de acallar de raíz cualquier crítica de los 'blandos'. No era, ni mucho menos, un guiño del Estado a esos 'posibilistas'. Cuando todavía no habían acabado los registros de esa redada, el sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia, Pablo Ruz, anunció que sentará en el banquillo a Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes más de la izquierda abertzale acusados de «integración en banda armada» por intentar resucitar Batasuna para las elecciones de 2011.

El estrangulamiento de la 'rama política' etarra comenzó muy temprano, de madrugada, cuando 300 agentes, bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y de la Jefatura de Información del instituto armado, se desplegaron en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón a la búsqueda y captura de los nueve activistas que desde hace dos años, según Interior, venían reuniéndose en locales de asociaciones de vecinos o culturales y bibliotecas para distribuir las órdenes de ETA al entorno independentista: desde manifestaciones, protestas o movilizaciones, pasando a campañas como la orquestada contra el AVE, o a la elaboración de documentos con 'directrices políticas' en nombre de la banda terrorista. La Guardia Civil ha tenido bajo control durante meses casi medio centenar de estas reuniones clandestinas organizadas en células provinciales ('herrialdes').

El golpe a la «columna vertebral de la izquierda abertzale», como lo definió el Ministerio del Interior, tenía como objetivos prioritarios dos arrestos: los de Ugaitz Elizarán y Eneko Compains, considerados los nuevos jefes del aparato legal de ETA. El primero -ya condenado a seis años de cárcel por pertenencia a Segi (juventudes pro etarras), hijo de etarra y hermano de Aitor Elizarán, jefe del político de ETA detenido en octubre pasado- fue capturado en Guipúzcoa. El segundo en la localidad zaragozana de Cariñena, donde se encontraba de vacaciones. Luego vinieron el resto de las detenciones en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón: Urko Ayerbe, Aniaiz Ariznabarreta, Egoitz Garmendia, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Rosa Iriarte y José Aldasoro. Este último es hermano de Juan Cruz Aldasoro, histórico dirigente de Batasuna, quien se enfrentó esta madrugada a los agentes durante un registro en la localidad navarra de Etxarri, por lo que también terminó arrestado acusado de desórdenes.

28 registros

De forma paralela, los agentes realizaron 28 registros en Euskadi y Navarra. Fueron registradas las viviendas de los detenidos y locales usados por los dirigentes de EKIN para sus reuniones clandestinas (entre ellos dos herriko tabernas y un gatetxe, un local juvenil abertzale). Según Interior, los funcionarios localizaron abundante documentación en papel y soporte informático. Según mandos de la lucha antiterrorista, las funciones de los nueve detenidos eran de lo más variadas dentro del entramado etarra. Como tareas de 'base' hacían «trabajos de carpintería» como ayudar a los terroristas huidos a integrarse en las estructuras de acogida de ETA en Francia, «transmitir directrices y documentos» de la banda al resto de colectivos de la izquierda abertzale, difundir los 'zubate', las revistas de ETA, u organizar los actos anuales de homenaje a los terroristas fallecidos, los 'Gudari Eguna'.

En su rol de dirigentes, algunos de ellos tenían papeles «relevantes» en la «codirección de todo el complejo terrorista», actuando como una suerte de 'comisarios políticos'. Otros se dedicaban a coordinar la puesta en práctica de «métodos de coacción y violencia complementarios a los de ETA», al tiempo que ejecutaban las estrategias de «construcción nacional» establecidas por ETA.

«Hormiga roja»

Entre estos últimos encargos de la banda a los detenidos -apuntaron responsables de los servicios de Información- estaba el de impulsar el denominado plan 'Hormiga Roja' para «reestructuras armadas y sociales» de la banda frente a otras opciones de la izquierda abertzale más posibilistas como la que encarnaban Otegi y Díez Usabiaga con su proyecto 'Bateragune'. Pero el magistrado Ruz, también ayer, cerró esa puerta. El instructor dio por concluido ese sumario y lo envió a la sala de lo penal para que dé el visto bueno para juzgar a los ocho dirigentes 'abertzales' imputados por pertenecer a ETA: Otegi, Díez Usabiaga, amén de Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar, Patxi Zabaleta; Sonia Jacinto, apoderada del Partido Comunista de las Tierras Vascas; Arkaitz Rodríguez, portavoz de la plataforma en contra del tren de alta velocidad y ex miembro de Jarrai; Amaia Esnal, ex concejal de la localidad guipuzcoana de Urnieta; José Luis Moreno, ex concejal de Herri Batasuna en el municipio navarro de Burlada y delegado sindical de LAB; y José Manuel Serra, miembro del equipo de comunicación de Batasuna.

Rut, como hiciera el pasado junio ya la Sala al rechazar los recursos de apelación de Otegi y Usabiaga, avala así la instrucción que hizo en su día el juez Baltasar Garzón. El magistrado ahora suspendido procesó a los dirigentes abertzales el pasado 25 de enero por Bateragune es un órgano «dirigido y controlado por ETA» para desarrollar «los proyectos de la organización terrorista». Esa actividad, según el escrito del juez, se desarrolló de marzo de 2009 al 13 de octubre de ese mismo año, cuando la mayoría de los procesados fueron detenidos en un local del sindicato de la izquierda abertzale de San Sebastián.

«Desactivación»

Interior, que dio por «desarticulado» EKIN, destacó que la operación supone «la desactivación de una organización de enorme importancia para ETA». El propio Alfredo Pérez Rubalcaba recordó que el golpe «limita enormemente la capacidad de activación social» de la banda porque los arrestados eran los encargados de «dirigir e instrumentalizar a la llamada izquierda 'abertzale'». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, apuntó que los arrestos de ayer prueban que «son «infundados» los comentarios de una supuesta negociación del Ejecutivo con ETA.