Caamaño acelera la reforma para que los fiscales también instruyan casos penales

Desde que llegó al Ministerio de Justicia, hace año y medio, Francisco Caamaño ha tenido entre ceja y ceja sacar adelante en esta legislatura una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un empeño personal que ayer comenzó a tomar forma con el anuncio del ministro de que, antes de que finalice el año, presentará un primer borrador de una norma que ya ha levantado ampollas entre la carrera judicial, pese a que solo se conocen sus grandes titulares.

La novedad más importante que traerá la nueva legislación es que los fiscales pasarán a instruir los procesos penales en lugar de los jueces, una competencia muy común en otros países europeos y anglosajones, donde los representantes del Ministerio Público son los responsables de dirigir la investigación y los magistrados se encargan de asegurar las garantías del procedimiento y los derechos de los ciudadanos que se someten a una causa penal.

En suma, se trata de configurar un proceso que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras, tal y como ocurre en Alemania, Portugal, Francia o Italia, donde predomina un sistema mixto -los fiscales instruyen determinados delitos dependiendo de su gravedad- o países anglosajones como Estados Unidos o Inglaterra, donde los acusadores públicos llevan todo el peso de la investigación penal.

Este matiz no es baladí para los togados. Su primera reacción tras conocer las intenciones de Caamaño, conocidas en su primera comparecencia en el Congreso un mes después de jurar el cargo, fue de absoluto rechazo porque perderían competencias. Pero según han pasado los meses el discurso ha ido cambiando. Si bien aceptan que la legislación se equipare al entorno europeo, se resisten a implantar un modelo que les exima de investigar, como el anglosajón. Son partidarios de un sistema mixto como el italiano, donde el juez instruye determinados casos según la gravedad del delito, como los casos de terrorismo o corrupción.

La reforma que prepara Francisco Caamaño ha caído con agrado entre los fiscales, que llevan tiempo defendiendo un modelo nuevo y diferente. Al frente de esta reivindicación se ha situado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aprovecha cualquier comparecencia o acto público con políticos y miembros de la judicatura para pedir más competencias para los fiscales.

Precisamente, la única voz discrepante que llegó ayer al anunció del ministro procedió del PP de la Comunidad Valenciana, quien criticó que sería una equivocación atribuir la instrucción a la Fiscalía mientras Conde-Pumpido esté al frente del órgano, ya que «es un apéndice del Gobierno y ahora no se garantiza su imparcialidad e independencia política», aseguró el consejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco.

Modificación de los juzgados

Otras dos novedades que traería consigo la Ley de Enjuiciamiento Criminal son la regulación de la figura de la acusación popular en los procesos y la modificación de los juzgados de instrucción. Con respecto a la primera, Caamaño aseguró ayer, durante una conferencia en los desayunos organizados por Europa Press, que abrirá una reflexión para limitar sus competencias, ya que es «muy difícil» explicar a los ciudadanos «que el interés general no lo defiende solo la Fiscalía, sino asociaciones que sin ser víctimas del delito pueden personarse en el proceso penal y mantener la acusación», caso del pseudosindicato Manos Limpias en la causa contra Baltasar Garzón por la memoria histórica.

La otra revolución es que los actuales juzgados de instrucción que son unipersonales serán sustituidos por tribunales de Primera Instancia, es decir, por órganos colegiados por varios jueces. Se trata de rentabilizar recursos y de evitar la imagen de que un asunto recae en un juzgado tiene una determinada solución y si lo lleva otro el resultado es distinto, según explicó el ministro de Justicia.