Asegurar las pensiones

El propósito del presidente Rodríguez Zapatero de dar inicio a la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del sistema de pensiones antes de que finalice el año no solo urge a los integrantes del Pacto de Toledo para que ultimen su informe, constituye también el anuncio de que sea cual sea el resultado de la huelga general del 29 de septiembre no podrá variar las intenciones reformadoras del Gobierno. Esto último representa una advertencia desmovilizadora, puesto que solo dejaría a las centrales sindicales capacidad de influencia para atenuar algunos aspectos de la reforma. A no ser que, como ha ocurrido con la modificación de la legislación laboral, opten por oponerse a la misma sin darse margen alguno para coincidencias puntuales con el proyecto del Ejecutivo. Por otra parte, el calendario fijado por el presidente, además de justificar la continuidad de la legislatura, trata de comprometer a los grupos políticos de la oposición en un período netamente electoral respecto a un tema ineludible. Pero más allá del efectismo de una advertencia lanzada desde Oslo, en el marco de una conferencia organizada conjuntamente por el FMI y la OIT y con los parabienes de la UE, la declaración del presidente Zapatero mostrando su inquietud ante el futuro de «la columna de la cohesión social» no puede responder únicamente a los requerimientos de los mercados y a la obtención de un crédito inmediato para su política. Es imprescindible que el Gobierno asuma sin ambages el liderazgo para transformar el sistema de pensiones, recabando el concurso activo de los grupos parlamentarios y de las empresas y tratando de lograr el apoyo sindical cuando menos a algunas vertientes de la reforma. Es conveniente que la comisión del Pacto de Toledo clarifique el cuadro de acuerdos y discrepancias que sus integrantes presentan al revisar el sistema vigente. Pero parece claro que la reforma ha de contemplar como mínimo el paulatino retraso de la edad de jubilación y la ampliación del período trabajado para el cálculo de las prestaciones. Lo cual implica un cambio tan profundo que requeriría no solo un consenso social amplio sino la participación efectiva de las administraciones y las empresas en la prolongación de la vida laboral de los españoles.