Solo el PP de Valencia contempla llevar imputados en sus listas electorales

Una excepción muy incómoda para Mariano Rajoy. El PP de Valencia se queda solo en su pretensión de admitir en sus candidaturas a imputados en causas judiciales. Ninguna otra dirección territorial popular contempla esta posibilidad de cara a los comicios autonómicos de 2011, según una consulta realizado por este periódico entre las principales direcciones autonómicas populares.

José Ramón Bauzá, presidente del PP balear, comunicó a principios de la pasada semana su taxativa decisión de excluir de la carrera electoral a cualquier persona involucrada en un proceso penal, con independencia del cargo que ocupen en la actualidad. Una decisión muy criticada por los afectados pero con la que Bauzá, que advierte de que «no habrá marcha tras», quiere enterrar definitivamente el convulso pasado de los populares de las Islas Baleares, marcado especialmente por las denuncias por corrupción que pesan contra el ex presidente de esta comunidad, Jaume Matas.

El valiente gesto de Bauzá tiene varias interpretaciones en clave interna. ¿Un mensaje para navegantes? En el puerto de Valencia no se dan por aludidos. Continúan, contra viento y marea, defendiendo la tesis de la conspiración y de la «falsedad» de las acusaciones policiales y fiscales en los casos 'Gürtel', que investiga los presuntos tejemanejes de 'El Bigotes' con la Generalitat valenciana, y 'Brugal', que se cobró el viernes una dimisión, aunque curiosamente no del PP sino del PSOE -se trata del portavoz socialista en la Diputación alicantina que presuntamente navegó hacia aguas turbias en el mismo bando que sus 'enemigos' políticos-.

Estos dos sumarios, además de ser el principal contratiempo del PP, tocan la línea de flotación del partido en esta comunidad. Francisco Camps necesita contar con esta prebenda de Génova para tener el margen de maniobra suficiente para rehabilitar, aunque solo sea de manera electoral, a sus compañeros en el Gobierno regional y a otros dirigentes, como el alicantino Joaquín Ripoll, si finalmente son acusados penalmente. Llegado el caso, la inocencia y la culpabilidad marcarían un nuevo escenario, pero que no se producirá antes de la convocatoria electoral de 2011, debido a la complejidad procesal de ambos casos.

¿En el banquillo?

Un precipicio al que, de momento, también se asoma el propio Camps. El presidente está la espera de conocer si, como está previsto, el magistrado José Flors lo sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de cohecho impropio, que se habría producido al aceptar el regalo de unos trajes de una de las empresas del entramado 'Gürtel'.

También hay ex cargos públicos populares afectados por la trama madrileña de 'Gürtel', pero la formación que dirige Esperanza Aguirre los expulsó y, «por supuesto», se enfrentará al ganador del duelo Tomas Gómez-Trinidad Jiménez con una lista sin imputados, según confirmaron a este periódico fuentes de la secretaria general del PP de Madrid, que dirige Francisco Granados. Aguirre, por lo tanto, se alinea con Bauzá y se aleja de Camps en esta controversia.

Génova ha optado por nadar y guardar la ropa, es decir, bendice la contundencia de sus acólitos en baleares, pero sin poner entre la espada y la pared a Valencia. Todo un ejercicio de equilibrismo al que prefieren definir como «libertad de acción». Esto supone que los presidentes regionales del PP tienen libertad plena para decantarse por el modelo balear o por el valenciano.

María Dolores de Cospedal tuvo que amainar velas y aclarar que el órdago balear no sería de obligado cumplimiento en el resto de territorios. Le sobró el plural. Todos los dirigentes autonómicos consultados comparten la tesis de Bauzá. Entre ellos, la propia Cospedal que «de ninguna manera» permitirá que sus compañeros de tentativa en Castilla-La Mancha tengan máculas judiciales.

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, que ya se ha metido en muchos charcos por decir lo que piensa de los corruptos -palabras que levantaron ampollas en Valencia- se muestra más pragmático. No desvela, tal vez por cautela, su posicionamiento pero enfatiza su «total apoyo» a la decisión adoptada por Bauzá.

Los populares andaluces ni tienen acusados entre sus filas ni prisas por su cita electoral, que se celebrará en 2012. Antonio Sanz, secretario general del PP-A, avisa de que, en cualquier caso, Javier arenas optará a la presidencia de Andalucía con un equipo inmaculado desde el punto de vista judicial.

Una postura similar defienden en Murcia. Un portavoz de la dirección regional, además de incidir en que el único popular acusado de corrupción en esta legislatura -en la localidad Totana- «fue expulsado» del partido, alinea a los populares murcianos con la corriente mayoritaria.