Ningún candidato popular podrá presentarse sin suscribir el código ético

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que permitir que imputados en procesos judiciales concurran bajo sus siglas -aparentemente, solo ocurrirá en la Comunidad de Valencia- se convertirá en una munición que el PSOE no desaprovechará. Para intentar paliar este efecto, el partido de Mariano Rajoy incidirá en destacar que será la primera formación en la historia de España en obligar a sus candidatos a suscribir una carta de compromisos en la que se resume el Código ético que el PP aprobó en diciembre del año pasado.

La mencionada carta, que se publicará en la página web del Partido Popular, deberá incluir una declaración jurada en la que se especifique que, a la fecha de la firma, no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral ni alguna situación de posible conflicto de intereses por posibles incompatibilidades con negocios privados.

La Vicesecretaría de Organización del PP, que dirige Ana Mato, se mostrará inflexible a la hora de reclamar una declaración de bienes y actividades de los aspirantes que no se incluirá en la web, pero que deberán poner a disposición de los auditores internos siempre que se les solicite. En ella se especificará los bienes derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias, entre otras referencias financieras.

Con su rúbrica en esta carta, los candidatos populares también acatarán la prohibición expresa de «aceptar regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o su causa, a los usos y costumbres sociales».

El apartado ocho de este documento es quizás el más peliagudo. Se obliga a los interesados en ir en una lista del Partido Popular a comunicar a la dirección de la formación la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse «indicios racionales de comisión de un delito». También deberán poner a disposición del partido el cargo público que desempeñe cuando, a raíz del procedimiento judicial, el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el PP «daña la propia organización o a la institución pública» a la que pertenece.