El Ayuntamiento pide la revisión de los valores catastrales pese al rechazo del Gobierno

El Ayuntamiento de Jerez ha pedido la revisión de los valores catastrales después de que, como recordó ayer el PP, el Gobierno central haya cerrado la puerta a una anulación de la ponencia. Así lo aseguró ayer el diputado nacional del PP Aurelio Romero, que mostró la carta en la que, claramente, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se opone a ello: «En el caso de la ponencia de valores de Jerez de la Frontera no concurren los requisitos establecidos en el citado precepto, por lo que el Gobierno no tiene previsto proceder a la anulación de la misma».

La misiva, con fecha del 31 de agosto pasado, da respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por el citado diputado. En la misma, se informa de que «el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una serie de sentencias anulando el valor catastral a distintos bienes inmuebles de Jerez, por falta de motivación en la modificación del MBR (Módulo Básico de Repercusión del Suelo) y MBC (Módulo Básico de Construcción) de la ponencia». Sin embargo, añade que el TSJA «no ha anulado la citada ponencia, sino que únicamente ha declarado la falta de motivación en la modificación de dos de los módulos empleados para el cálculo de los valores impugnados».

Es decir, que «lo que se cuestiona en los pronunciamientos judiciales no es la ponencia, sino actos concretos de la aplicación de la misma». Dicho en otras palabras: el Gobierno no tiene ninguna intención de generalizar las sentencias del tribunal andaluz a todos los afectados del municipio.

Por si fuera poco, «la anulación por la propia Administración de los actos de naturaleza tributaria, como las ponencias de valores, sólo es posible en los términos previstos por el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria». Pero, como se ha dicho, en la ponencia de valores de Jerez no concurren los requisitos establecidos por dicho precepto.

Respondía así el PP al hecho de que la alcaldesa haya solicitado a la Dirección General del Catastro que inicie los trabajos para la elaboración de una nueva ponencia.

A partir de 2013

Dicha ponencia debería ajustarse «a la realidad inmobiliaria y urbanística del municipio de Jerez». La alcaldesa recordó ayer en este sentido que el plazo de vigencia de la misma es de cinco años. El objetivo es que «de forma inmediata se inicien los trabajos técnicos previos para que la nueva ponencia entre en vigor nada más cumplirse el plazo legal de revisión de la actual, dado que no procede su anulación, como solicitó en su día el PP». Por tanto, no comenzaría a aplicarse hasta el año 2013.

La alcaldesa explicó además que la solicitud se basa en tres aspectos. El primero es que los nuevos valores entraron en vigor el 1 de enero de 2008, por lo que en el actual Plan General de Ordenación Urbana, aprobado con posterioridad, no ha tenido reflejo.

El segundo aspecto es la situación inmobiliaria de los años 2006 y 2007, que nada tiene que ver con la actual «donde los precios de venta de los bienes inmuebles han ido bajando y por tanto los valores catastrales no responden a la situación real».

Por último, la sentencia del 14 de abril de 2010 del TSJA estimaba parcialmente un recurso contra una notificación individual de valores catastrales, anulando el valor asignado a la finca objeto del recurso.

Por todo ello, la junta de gobierno local solicita a la Dirección General del Catastro que inicie una nueva revisión «ajustada a la realidad urbanística de Jerez».

La portavoz del PP, María José García-Pelayo, criticó la «renuncia a que se anule la ponencia de Jerez; por el contrario se pide a los ciudadanos que esperen cinco años a que sea revisada».

Y teniendo en cuenta que «el Gobierno ha dicho que no la va a anular, se trata de un paripé político, puesto que saben que no se va a aceptar la petición».

Por tanto, según el diputado popular Aurelio Romero, «el gobierno socialista vuelve a reírse de los jerezanos».

En definitiva, aseguró Aurelio Romero, «el PSOE dice una cosa en Madrid, otra en Jerez y otra distinta en el Gobierno». Por el contrario, «el PP siempre ha mantenido la misma postura de coherencia sosteniendo que los valores son ilegales y están muy por encima de los reales».