Las asociaciones del cuerpo acusan a Interior de tratarles como etarras

Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) acusaron ayer al Ministerio de Interior de tratarles como «etarras» tras la negativa de la Delegación del Gobierno de autorizar una manifestación de carácter laboral convocada para el próximo 18 de septiembre. La reacción del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba fue inmediata: expedientes a los portavoces de ambos colectivos para determinar si ambos incurrieron de infracción disciplinaria por unas críticas -entiende el Gobierno- que el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil les prohíbe realizar de manera pública.

Ambos organismos consideran que el Ejecutivo prohibió «sin ningún pudor» una marcha como lo hace con ETA. A juicio de Francisco García Ruiz, responsable de UO, este hecho significa que todos están «en el mismo saco». «Rastrean nuestras páginas web como hacen con los terroristas», denunció el secretario general de AUGC, Alberto Moya. El representante aseguró en una rueda de prensa celebrada este viernes que el cuerpo vive una situación «peor que en la dictadura».

Poco antes de que Interior hiciera pública su intención de sancionar a los líderes de las asociaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya expresó el enfado del Gobierno por las palabras de García Ruiz y Moya. Aseguró que «no es razonable» que se compare a los miembros de la banda terrorista ETA con el trato que el Ministerio de Interior dispensa a la Guardia Civil y defendió la actuación del Ejecutivo. Fernández de la Vega recordó que su decisión «está amparada por la Ley» que prohíbe que los uniformados acudan a actos sindicales.

Apenas tres horas después de las declaraciones de la vicepresidenta, Pérez Rubalcaba dio luz verde a comenzar el trámite para hacer efectivas las sanciones. El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó a media tarde «incoar expedientes disciplinarios» a los portavoces de las dos asociaciones por «las graves acusaciones emitidas contra varias instituciones y autoridades del Estado». Velázquez considera que las declaraciones de Moya y Ruiz podrían ser «constitutivas de infracción», según lo estipulado en la ley disciplinaria de la Guardia Civil.

Fuera de plazo

Al rechazo de la manifestación convocada por los uniformados se une la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid de un acto en su apoyo a las organizaciones del instituto armado previsto para el mismo día 18. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) solicitó el pasado día 8, nada más conocer la decisión de Interior de prohibir la marcha, la autorización para que la concentración alternativa pudiera celebrarse. El Gobierno considera que la petición está «fuera de plazo». Sin embargo, la asociación aseguró que «la solicitud se hizo dentro de los 10 días que establece la ley».

Según AEA, esta nueva prohibición «vulnera el derecho de reunión y asociación». Los portavoces de las asociaciones habían anunciado ya su asistencia a título personal a dicha concentración.

Tanto los guardias civiles como la automovilística ya han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las prohibiciones.