El Supremo busca pruebas contra Garzón en sus cuentas bancarias

El Tribunal Supremo está dispuesto a llegar hasta el final para esclarecer si Baltasar Garzón recibió dinero por mediar en el patrocinio de los cursos de Nueva York, que dirigió entre 2005 y 2006 y por los que está encausado por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

El magistrado que instruye la causa, Manuel Marchena, ordenó ayer a la Guardia Civil que realice un informe sobre las cuentas bancarias y el patrimonio del juez referido al periodo en el que se desarrollaron los cursos en Estados Unidos. Marchena justificó su decisión por las «contradicciones e inexactitudes» de Garzón durante su declaración como imputado.

La diligencia fue solicitada el pasado 2 de julio al juez por la acusación popular del proceso, encabezada por el abogado José Luis Mazón. La petición se formuló por la «negativa y obstrucción» que ha ofrecido la Universidad de Nueva York, el centro encargado de organizar los cursos, en el proceso judicial. Mazón quería conocer «cuánto y por qué» conceptos cobró Garzón durante su estancia en Nueva York durante un periodo de excedencia de la Audiencia Nacional por una licencia de estudios.

Dos meses después, el magistrado Marchena ha dado su consentimiento a la diligencia y h ordenado a la jefatura de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue las cuentas corrientes, depósitos bancarios y declaraciones tributarias de Garzón. Y, en su caso, determinar si participa en sociedades civiles o mercantiles. Para ello ha pedido un informe que incluye el origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006.

Intimidad

El magistrado Marchena reconoce que el conocimiento de los datos bancarios de Garzón supone el «sacrificio de su derecho a la intimidad», si bien alega que la jurisprudencia del Constitucional «enseña que los derechos fundamentales no son ilimitados y que su sacrificio puede estar plenamente justificado» para conocer la verdad.

Por ello el instructor del Supremo cree «indispensable» conocer si la «manifiesta ocultación» de cuantías y la rectificación de algunas partidas retributivas son tan sólo fruto del desgobierno contable de la universidad o, por el contrario, «han formado parte de la estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias» obtenidas por Garzón.

Las referencias a la «ocultación» de partidas procede, según el magistrado, de los distintos certificados presentados por la universidad sobre lo que cobró Garzón por dirigir los cursos, unos 160.000 dólares, así como los gastos derivados de la escolarización de su hija en una escuela de la ONU (21.650 dólares) y otros 22.152 por gastos de viajes. El instructor del Supremo cree que la universidad «enmascaró» estos pagos y que el juez, «al menos en el plano indiciario», dio las instrucciones precisas para silenciar partidas complementarias.

Garzón respondió ayer que no existe «ninguna base legal» para investigar su patrimonio y aseguró que si el instructor del Supremo le hubiera pedido esa información se la hubiera dado.