La izquierda de la Eurocámara censura la ambigüedad de BarrosoEl Ejecutivo galo lleva al Senado su plan contra la delincuencia

El debate sobre las expulsiones de gitanos en Francia se adueñó ayer del Parlamento europeo, reunido en Estrasburgo para escuchar el primer discurso del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, sobre «el estado de la Unión».

El jefe del Ejecutivo europeo fue blando y elíptico al abordar el tema, que emergió más o menos a la mitad de un prolijo y soporífero discurso de diez páginas en el que cupieron lo mismo las esperanzas de recuperación económica que la problemática de la patente comunitaria. Barroso dijo que «el racismo y la xenofobia no tienen cabida en Europa». «Cuando se plantee un problema sobre estas delicadas cuestiones, todos debemos actuar con responsabilidad. Hago un enérgico llamamiento para que nadie despierte a los fantasmas del pasado de Europa», afirmó al evocar tácitamente -se supone- la cacería contra los gitanos de la era nazi y otras agresiones del mismo género contra este grupo étnico y asimilados, algunas de ellas más próximas en el tiempo.

La indefinición de los planteamientos del presidente de la Comisión se le antojó excesiva a la izquierda de la Eurocámara. Daniel Cohn-Bendit, (Verdes), le recriminó directamente al líder comunitario no haber señalado a Francia con el dedo en su exposición «cuando es obvio, y así lo aseguran informes que obran en su poder, que estas expulsiones vulneran el Tratado de Lisboa, al contradecir la Carta de Derechos Fundamentales». Verdes, comunistas, socialistas y liberales condenarán hoy la desalojo de rumanos y búlgaros de los campamentos ilegales que han establecido en el país, durante la votación prevista al efecto en el pleno. Mientras tanto, la derecha del PPE -de la que Barroso forma parte-, pedía ayer mucho más templada una estrategia europea de integración de gitanos. La Comisión respondió por la tarde a los requerimientos, al manifestar su disposición de asesorar a los Estados miembro en la utilización de los fondos comunitarios para facilitar la integración de los desplazados.

El voto del Parlamento en esta cuestión carece de implicaciones para Francia, salvo las estrictamente políticas. En París, estos pronunciamientos parlamentarios no pasaron inadvertidos. El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, los calificó de «excesivos» y acusó a los europarlamentarios críticos con las medidas de ignorar deliberadamente que «los desmantelamientos de campamentos gitanos han tenido lugar bajo control judicial y a petición de las autoridades municipales».

Silencio de la Comisión

Las críticas oídas en la Eurocámara contra Francia sobre este asunto son las únicas que se han dejado sentir abiertamente en las instituciones europeas. La Comisión ha rehusado pronunciarse hasta ahora al respecto. Todavía ayer la vicepresidenta Viviane Reding, responsable de Derechos Fundamentales y Ciudadanía, manifestaba que el Ejecutivo comunitario se mantiene a la espera de dictámenes jurídicos para evaluar la situación. Reding hacía saber que se habían formulado nuevos requerimientos de información a París.

El Parlamento concedía una gran relevancia a la intervención de Barroso ante el plenario. Al final, su exposición resultó un ejercicio de 'business as usual' (una de tantas intervenciones tan rimbombantes como vacuas). Cohn Bendit se lo reprochó. «Tenemos una Comisión que realiza grandes, maravillosas declaraciones que se quedan después en nada», afirmó.

En general, el conjunto de los grupos parlamentarios mostró su disconformidad con el planteamiento de presidente de la Comisón y demotraron con ello que la Cámara pedía del portugués una posición política más audaz ante la situación de la UE, en lugar de la enumeración de dificultades y logros con la que el presidente comunitario aburrió a la concurrencia durante más de media hora.

El Gobierno francés trasladó ayer al Senado su cuestionado plan para reforzar la lucha contra la delincuencia. El proyecto

prevé el endurecimiento de las penas para quienes ataquen a policías, gendarmes y funcionarios de prisiones. Asimismo, plantea la retirada de la nacionalidad de los franceses de origen extranjero que atenten contra la autoridad pública.

Las enmiendas tendrán que pasar el filtro de la Cámara Baja para entrar en vigor, donde el partido de Sarkozy, la UMP, no goza de mayoría. Por lo tanto, el Ejecutivo galo deberá convencer a sus socios centristas, que ya han mostrado sus «reservas» respecto a las medidas.