Merkel amplía la vida útil de las nucleares

El Gobierno alemán ha decidido prolongar el funcionamiento de las diecisiete centrales nucleares del país una media de doce años lo que pone fin a la moratoria establecida por el Ejecutivo socialdemócrata-verde que presidía Gerhard Schröder en 2001 y que fijó el apagón atómico para el año 2021. La medida adoptada por la coalición que dirige Angela Merkel ha desatado una fuerte polémica en la sociedad germana, después de una larga y controvertida discusión en el seno del gabinete que puede pasar factura a la propia canciller.

Después de más de doce tensas horas de reunión en la sede del Ejecutivo en Berlín culminadas con un difícil acuerdo en la noche del domingo, el ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, anunció que se extenderá en ocho años la vida útil de las plantas nucleares construidas antes de 1980 y en catorce las puestas en marcha con posterioridad. La resolución puso punto final al histórico pacto alcanzado en 2001 entre el Gobierno que dirigía el canciller Schröder y los empresarios del sector. En él se precisaba que el apagón nuclear se produciría en el año 2021. Precisamente en la fecha de aquella firma, líderes de la oposición democristiana, actualmente en el poder, anunciaron que la dejarían sin efecto cuando el centroderecha que representa la CDU volviera a dirigir el Alemania. La promesa se ha hecho efectiva nueve años después.

La prolongación de la vida de los reactores nucleares fue incluida en el programa de la actual alianza gobernante -integrada por democristianos y liberales- lo que desató profundas divisiones en su seno, ya que no lograba ponerse de acuerdo sobre el número de años de la prolongación. El ministro Röttgen quería una extensión de funcionamiento máximo de ocho años, mientras que su colega de Economía, Rainer Brüderle, pedía que fuera de veinte. La enconada discusión llevó la inquietud a las organizaciones ecologistas alemanas y movilizó a los militantes del SPD y los Verdes, que denunciaron que el Ejecutivo presidido por Merkel acabaría por ceder al chantaje de las grandes compañías productoras de electricidad.

Como compensación a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, las compañías implicadas aportarán a largo plazo unos 15.000 millones de euros para financiar el desarrollo de energías renovables. Con tal objetivo, los operadores pagarán nueve euros por cada megavatio-hora de producción.

Impuesto de explotación

Otro punto sensible abordado en la reunión del Gobierno fue la aplicación de un impuesto a las firmas explotadoras de las centrales, fijado en 2.300 millones al año hasta el fin de la vida útil de la plantas. Sin embargo, las compañías afectadas no están dispuestas a asumir ese gran desembolso. Al final, predominó la tesis de el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que limita a seis años el pago de tan elevada tasa. La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares proporcionará a las compañías explotadoras unos beneficios extra que superarán los 50.000 millones de euros.

La iniciativa de prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de lo que estaba pactado provocó un aluvión de críticas tanto en el SPD y como en los Verdes, y en organizaciones ecologistas, como NABU y Greenpeace, que ya han anunciado protestas masivas para impedir que el acuerdo entre en vigor. Aunque Merkel calificó de «revolución» la decisión de su Ejecutivo porque permitirá que Alemania cuente en el futuro con el suministro eléctrico más eficiente y ecológico del mundo, la medida amenaza con pasar una alta factura electoral a la coalición gobernante.

«Merkel se arrodilla ante el 'lobby' atómico y pospone el cierre de las centrales sin preocuparse por lo datos científicos ni de la opinión de la población», señaló el presidente de NABU, Olaf Tschimpke, quien acusó al Gobierno de propiciar la multiplicación de la basura atómica. NABU y Greenpeace, que habló de «día negro para Alemania», pretenden aislar con una gran movilización de protestas el próximo día 18 el barrio que acoge la sede del Gobierno.

El presidente de los socialdemócratas, Signar Gabriel, fue un poco más lejos y acusó al Ejecutivo de coalición de «corrupto». «Nunca como ahora se había ofrecido la impresión de que la política es comprable. Sin ninguna necesidad, el Gobierno vuelve a activar uno de los mayores conflictos al que se enfrenta el país», señaló el líder del SPD que amenazó con llevar el tema a los tribunales.