Junta y diputaciones renuevan las ayudas para fomentar el empleo agrario

Con el objetivo de mejorar las infraestructuras andaluzas y de fomentar la oferta laboral en el medio rural, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales firmaron ayer unos convenios de colaboración que servirán para financiar el Programa de Fomento de Empleo Agrario (antiguo PER). Esta iniciativa, en la que colabora además la administración central, recibirá una cuantía de 205,3 millones de euros, y su gestión quedará a cargo de cada ayuntamiento.

En la rúbrica de este acuerdo estuvo presente el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Aguayo, además de los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas. De este modo, el acto contó con la asistencia del titular de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, que concretó el presupuesto destinado a la provincia.

Las acciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario se centran en la realización de obras de interés general y social, y abarcan la realización de diversas infraestructuras en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios.

Para la consecución de estos fines, los ayuntamientos gaditanos recibirán casi siete millones de euros de financiación. De ellos, 5'5 millones los aportará la Junta, y 1'5 la diputación. A esos recursos hay que sumar los fondos de procedencia estatal para sufragar la mano de obra.

Estos convenios, que reúnen tanto a la Junta como a las diputaciones para abordar un mismo objetivo, se traducen en una inversión total de 66,6 millones de euros, a lo que hay que añadir los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). De esta cuantía, 52,8 millones proceden de la administración autonómica, mientras que las diputaciones aportan 13,8 millones.

Por su parte, el SPEE se encargará de financiar los puestos laborales necesarios para esta operación, y lo hará con una subvención que este año asciende a los 138'6 millones de euros.

Pizarro ha subrayado que este programa «constituye un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones, que cada año unen sus esfuerzos y complementan sus actuaciones con el objetivo común de generar empleo».

Además, el consejero señaló que esta actuación «permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, en especial los de zonas rurales e históricamente desfavorecidas, con la consiguiente repercusión en la mejora del nivel de vida». Por último, estimó que la propuesta «constituye un estímulo para las economías locales».