Las infracciones del ORA suponen unas 25.000 multas cada año

En el caso de las sanciones por la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), «alrededor del 90% no se cobraban». En la actualidad, sin embargo, hay «entre 20 y 25.000 multas» que sí llegan al domicilio particular, asegura el director adjunto del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión de la Diputación de Cádiz, José Joaquín García Reina. Otra cosa son las faltas más graves, como puede ser por ejemplo no llevar casco o conducir ebrio por la ciudad.

En ese caso, la Policía Local y Diputación actúan de manera conjunta para llevar el caso a la Jefatura Provincial de Tráfico, lo que significa que se detraen automáticamente los puntos del carné al infractor. «Antes, en ciudad, sólo conllevaba sanción económica; para que te quitaran los puntos tenía que ser en carretera, cuando actuaba la Guardia Civil», señaló el responsable de Diputación. En algunos ayuntamientos del territorio nacional, de hecho, «ni siquiera se quitan esos puntos».

La situación, por tanto, ha cambiado bastante desde 2008. De ahí la mayor concienciación de los ciudadanos, que saben que el servicio de recaudación es ahora mucho más efectivo que antes.

Otra cosa son las quejas por la nula permisividad de los agentes del ORA, donde la razón hay que buscarla en los escasos ingresos de los ayuntamientos y la necesidad de recaudar el máximo.

El acuerdo rubricado en 2008 entre el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación provincial se ha traducido, en definitiva, en un aumento de la recaudación en más de 11 millones de euros respecto a 2007. Por ejemplo, gracias a la tarea de inspección del ente provincial, «se han detectado muchas omisiones de gente que no estaba dada de alta», explica el director adjunto del servicio. Un ejemplo claro son los vados, donde por cierto se acordó el fraccionamiento en cuatro años para los atrasos.

A pesar de las quejas y críticas que el tema de los vados ha suscitado, José Joaquín García Reina asegura que «en el único recurso que llegó a la vía contenciosa, del Ayuntamiento de Sanlúcar, nos dieron la razón al final».