La luz y el gas, en vísperas de un nuevo encarecimiento

Los recibos de la luz y del gas se podrían encarecer este otoño. El 1 de octubre es la fecha clave. En ese momento entrarán en vigor los nuevos precios trimestrales para los consumidores domésticos de gas, lo que podría coincidir con el inicio de una escalada del recibo de la luz, si el Gobierno decide levantar la 'congelación' provisional todavía en vigor, a la vista de las dificultades de alcanzar un consenso con el Partido Popular.

Las negociaciones del pacto sobre energía han encallado, y las dos partes han desistido de convocar las reuniones técnicas que se venían celebrando. Mientras, el encarecimiento del mercado mayorista ha disparado el déficit tarifario, y la presión que ejercen las compañías eléctricas para recuperar cuanto antes sus costes de generación se agudiza. Por añadidura, Gas Natural Unión Fenosa tendrá que repercutir, al menos en parte, el impacto del arbitraje que le impone pagar más a Sonatrach, con carácter retroactivo, por los suministros de Argelia. Todo apunta a que ese sobrecoste no recaerá, de partida, en los usuarios domésticos, pero sin duda supondrá un recargo en el precio del gas que queman las centrales generadoras de electricidad mediante la tecnología del ciclo combinado.

En octubre toca una nueva revisión de la tarifa de último recurso (TUR) del gas que se aplica a los siete millones de consumidores de gas natural que no han accedido al libre mercado. De ellos, 3,6 millones soportan la T1, al hacer un uso medio-bajo de este combustible, mientras que 3,4 millones, con un consumo más elevado, están bajo la cobertura de laT2, necesaria para el funcionamiento de la calefacción. La TUR gasista lleva dos subidas consecutivas notables: en abril se encareció el tramo variable de la tarifa 2 en un 4,1% y en un 3,6% el de la T2. Mucho más acusado fue el incremento de julio, del 7% en la T1 y el 8% en la T2 -siempre en la parte variable de la tarifa- que coincidió con el alza del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La mala noticia del verano fue el laudo de los árbitros que se pronunciaron a favor de la argelina Sonatrach e impusieron a Gas Natural Unión Fenosa el pago con efecto retroactivo de unas diferencias de precio que podrían alcanzar los 1.500 millones de euros. La compañía atesoraba, al cierre de 2009, provisiones por importe de 2.009 millones, sin especificar su destino. Según los expertos, un máximo de 650 millones se habrían aplicado a cubrir el riesgo de una decisión contraria del arbitraje galo. Ya en posteriores encuentros con los analistas, la compañía les adelantó su intención de repercutir el encarecimiento del suministro «en determinados grandes clientes».

El recibo de la luz está congelado. La revisión que hubiera debido producirse el 1 de julio no tuvo lugar, al anunciar el ministro de Industria y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, que la dejaban pospuesta hasta la concreción de un pacto sobre la energía que lleva meses «en la cocina» y que cada vez parece más alejado. Ni el PP quiere comprometerse con las subidas de la tarifa ni el PSOE se muestra dispuesto a reconsiderar el plazo de cierre de la central nuclear de Garoña. Las dos partes descartan la posibilidad de alcanzar un consenso.