La Fiscalía no tiene «dudas» del nexo entre el Gobierno valenciano y 'Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción, tras 20 meses estudiando los miles de documentos incautados desde febrero de 2009 a la 'trama Gürtel', ha concluido que las pruebas aportadas por la Policía, Hacienda y la Intervención General del Estado «no dejan dudas sobre la existencia de irregularidades en la contratación» por parte del Gobierno de Francisco Camps de empresas de la trama corrupta que capitaneaba Francisco Correa.

El Ministerio Público insiste en su último informe, fechado el 30 de julio, en rebatir uno a uno los argumentos que planteó el PP en contra de la inhibición parcial del Tribunal Superior de Madrid a favor de la justicia valenciana, y asegura que solo si se envía la parte del sumario que correspondería a esa comunidad podrá esclarecerse la trama de favores, cohecho y corrupción que salpica al Ejecutivo autonómico y las supuestas irregularidades» contables en las cuentas de la formación política.

En ese documento de 11 páginas y en el que la Fiscalía impugna el recurso de apelación del PP contra la inhibición, Anticorrupción recuerda las pruebas ya conocidas contra los aforados valencianos, pero va más allá en algunos aspectos, como el de la revelación de secretos oficiales.

Explica que desde el pasado junio ya figura en el sumario un primer informe de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que constata que Orange Market, la principal empresa de Correa en Valencia, «poseía el pliego del concurso de Fitur de 2005 (...) antes de que la publicación oficial del concurso».

Se refiere la Fiscalía a la adjudicación a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, 'El Bigotes', amigo íntimo de Camps, del contrato para montar el stand de la comunidad en Fitur, la feria de turismo de Madrid, por 930.000 euros. Ese fue el primer gran contrato que la trama 'Gürtel' obtuvo en Valencia tras ser apartada por la dirección nacional del PP. A esta adjudicación siguieron otras decenas de contratos. La Fiscalía recuerda que, como anticipó en su momento la Intervención General del Estado, varios de esos contratos bajo sospecha contaron con la «preceptiva autorización del Gabinete del Presidente».

Según el Ministerio Público, es evidente que hay que investigar la «conexidad» de estas adjudicaciones con las supuestas dádivas que pudieron recibir los dirigentes del PP y los altos cargo del Ejecutivo autonómico, y que no cabe, como pretende el PP, que en Valencia sólo se indague sobre los presuntos regalos, pero no las posibles contrapartidas a los empresarios que los hicieron. «En este estado de la causa -reseña el escrito- no pueden ignorarse los datos que ofrece la documentación intervenida en distintos soportes, el cruce de datos que han efectuado las distintas unidades de auxilio judicial y transcendencia que sus conclusiones tienen para personas aforadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia».

«Estos datos hacen preciso investigar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento y los cargos que los imputados en dicho procedimiento ocupaban en el PPCV y/o en la Generalitat Valenciana», sostiene el documento.

La Fiscalía Anticorrupción lanza además una pregunta al Partido Popular: «¿Con estos presupuestos sería posible que se investigue en un tribunal la percepción de los regalos por el funcionarios y en otro tribunal los eventuales desvíos normativos y/o de fondos en su departamento en beneficio de quienes le hicieron los regalos». La respuesta para Anticorrupción es evidente. No.

El Ministerio Público cree asimismo que muchos de esos «funcionarios públicos» del Gobierno de Camps que ya declararon en la primera fase como testigos para explicar esos contratos bajo sospecha, tendrían que pasar de nuevo por el juzgado, a la vista de los nuevos datos, para que sean los jueces valencianos los que decidan «si procede modificar su situación procesal».

Cuentas populares

Pero la Fiscalía va más allá. Considera que, después de las últimas revelaciones, la Justicia valenciana, además de indagar sobre las adjudicaciones, tiene que auditar a fondo sobre las cuentas y la financiación del PP de la Comunidad Valenciana. Anticorrupción, que dice basarse en recientes informes de Hacienda del pasado mayo, asegura que el Tesoro «ha puesto de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market SL y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana».

Esta acusación coincide con el último informe de la UDEF, hecho público el pasado miércoles, que sostiene que entre el 4 de febrero y el 12 de septiembre de 2008 «Orange Market recibió del PP sin justificación contractual de ningún tipo la cantidad de 405.450 euros, que pasaron a engrosar los fondos de la caja B de dicha mercantil».

Para el Ministerio Público es indispensable auditar los libros contables del PP para saber la causa de «ese inexistente reflejo de los pagos en las cuentas del Partido Popular». Sostiene la Fiscalía que «no puede finalizar la instrucción sin detenerse en el iter que los hechos relativos a la contratación de la Generalitat y la financiación electoral han tenido en las actuales diligencias».