Investigan a una empresa por forzar bajas voluntarias

El país vivirá a finales de mes una huelga general, promovida por una reforma laboral que disgusta a la clase trabajadora. Pero el abaratamiento del despido no es el único dulce amargo que se presenta; personal sin contrato, incumplimiento de normas básicas laborales o sueldos bajos son otros frentes de batalla no resueltos. Los accidentes laborales, por negligencia del empresario, son consecuencias de la mala praxis empresarial, pero no son las únicas.

La Inspección de Trabajo de Cádiz tiene desde mayo la denuncia de un trabajador de una empresa dedicada a los servicios promocionales y de marketing, que obligaba a firmar bajas voluntarias como requisito indispensable para que el empleado fuera contratado. Si el trabajador no accedía a plasmar su rúbrica en un documento sin fecha, que suponía su consentimiento a marcharse sin derecho a indemnización ni prestación del desempleo, no conseguía el trabajo.

Esto fue destapado gracias a una cámara oculta. El denunciante, ayudado de un teléfono móvil, grabó una reunión entre uno de los jefes de la empresa investigada (Salesland) y un grupo de comerciales a los que se le ofrecía trabajar en la promoción de productos de una importante compañía telefónica, siempre y cuando firmaran en ese mismo acto una baja voluntaria.

En el vídeo, que se encuentra colgado en Internet, la responsable de la empresa explica, ante las preguntas de desconcierto de algunos de los presentes, que es un mecanismo que adopta porque no se fía de nadie. Para la representación letrada del denunciante, es una prueba esencial de que buscaban tener al trabajador a merced de un documento que en cualquier momento los dejaba en la calle. Ante la falta de oportunidades laborales, todos los asistentes firmaron la baja.

Ese vídeo fue admitido como prueba en uno de los dos juicios que ha habido hasta la fecha contra Salesland. Dos empleados denunciaron a la empresa tras ser despedidos. En ambos casos, los trabajadores defendieron que habían sido obligados a firmar un despido pactado, sin recibir ningún tipo de indemnización, en donde la empresa reconocía, sólo en el papel, la improcedencia de esa decisión y la entrega de unas cantidades que los demandantes aseguran que nunca recibieron. Si no aceptaban esa fórmula, la empresa esgrimiría la baja voluntaria.

Los jueces dictaminaron que eran dos despidos improcedentes, pero que al existir unos finiquitos firmados, se entendía que habían recibido las cantidades acordadas. Una de las sentencias, dictada por el Social nº 3 de Cádiz, ha sido recurrida por el trabajador. En ella, la jueza, tras visionar el vídeo, sentencia que «en marzo de 2010, como condicionante para continuar la vigencia de la relación laboral, la empresa exigió al trabajador que firmase un documento haciendo constar que el trabajador consentía el cese de la relación laboral». La empresa reconoció lo ocurrido en el juicio, pero responsabilizó a dos directivos -uno aparece en la grabación- de haber actuado por su cuenta. Ahora la Inspección indaga si hubo un delito contra los trabajadores por haber impuesto condiciones que supuestamente restringían derechos a sus empleados, aprovechándose de la necesidad que genera la crisis.