Francia alega ante la UE que la libre circulación no puede ser «incondicional»

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajaron ayer a Bruselas para explicar a la Comisión Europea (CE) la decisión del Gobierno de París de expulsar gitanos a Rumanía y Bulgaria. La reunión sirvió para arrojar un nuevo matiz en torno al debate sobre la libre circulación en el espacio europeo, al manifestar Besson que este derecho no puede ser «incondicional».

«El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario pero no puede ser incondicional, ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico de seres humanos», subrayó el titular de Inmigración galo ante las comisarias europeas de Interior y Justicia de la CE, Cecilia Malmstrom, y Viviane Reding, respectivamente. El ministro añadió que la UE «crea derechos, pero también obligaciones». Durante las conversaciones, Besson reiteró que en las deportaciones Francia respeta «escrupulosamente» las normas del derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, «los valores de la República». Asimismo, negó que su país vaya a proceder a «expulsiones colectivas» y recalcó que detrás de cada repatriación subyace un análisis judicial.

Las conclusiones del examen legal realizado por la CE respecto a la política emprendida por París serán dadas a conocer hoy por Reding tras el diálogo mantenido ayer con los representantes galos. La ley europea prevé ciertas excepciones al derecho de libre circulación, como la amenaza reiterada del orden público, ser una carga desproporcionada para la seguridad social o no tener recursos suficientes para permanecer en el lugar de acogida.

Moratoria hasta 2012

El caso francés plantea además otra serie de requisitos para que los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria -miembros de la UE desde 2007- puedan radicarse en su territorio. La moratoria impuesta por París plantea que pasado el período de tres meses, los nacionales de estos países deben acreditar un permiso de trabajo para seguir en Francia. La norma está vigente hasta 2012 y puede prorrogarse hasta 2014.

Mientras Besson y Lellouche intentaban tranquilizar a Bruselas con argumentos en torno a la legitimidad de las deportaciones, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, reafirmó en el Elíseo algunas de las controvertidas medidas migratorias que tomó el pasado 28 de julio tras los disturbios provocados por decenas de gitanos al tomar la comisaría de Saint Aingan. El líder conservador reiteró en un comunicado su «voluntad inflexible» de retirar la nacionalidad «bajo ciertas condiciones» a ciudadanos franceses de origen extranjero. Los supuestos que se estudian para un castigo de estas características son el asesinato de policías y representantes públicos.