La Junta y el Gobierno se enfrentan por un deslinde en Doñana

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la Consejería de Medio Ambiente admitieron ayer discrepancias respecto al deslinde del dominio público de la playa del Parque Nacional de Doñana, aunque coincidieron en que la gestión de esta zona le corresponde a la Junta. El MARM informó de la próxima publicación en el BOE del deslinde de los 35 kilómetros de la playa del Parque Nacional de Doñana que comprenden desde el enclave turístico de Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.

El ministerio explica en un comunicado que este deslinde, previsto en la vigente ley de Costas, «no implica en absoluto la abolición de los títulos competenciales que una comunidad autónoma pueda tener sobre el mismo y, por consiguiente, tampoco respecto del título que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre los espacios naturales protegidos».

La Consejería andaluza de Medio Ambiente admitió que no comparte «los términos en los que ha sido planteado» el deslinde, aunque no aclaró si recurrirá la decisión del MARM. Matiza que esta discrepancia es «puramente formal» porque «en el fondo del asunto» ambas administraciones «coinciden plenamente en el objetivo de garantizar la máxima preservación de la franja litoral de Doñana».

Aunque tanto el MARM como la Consejería andaluza no explicitaron los términos del deslinde ni sus discrepancias, la Junta aludió en su comunicado a que interpreta que la Ley de Costas sólo adscribiría al dominio público marítimo terrestre el primer cordón de dunas de la playa de Doñana, lo que apunta a que el Gobierno central incluye en su deslinde todas las dunas de la zona costera de Doñana, algunas distantes del mar decenas de kilómetros.

Protección

«En cualquier caso, el Gobierno andaluz entiende que la costa de Doñana goza ya del mayor grado de protección que un territorio puede alcanzar en España y en Andalucía , pues sobre esta zona impera un régimen jurídico que la protege como Parque Nacional y como Espacio Natural», concluye la nota.

La Estación Biológica de Doñana (EBD), entidad dependiente del CSIC, apoyó ayer el deslinde, pero criticó que se haya realizado sin el consenso necesario y sólo de forma parcial. Fernando Hiraldo, director de la EBD, entidad que impulsó hace medio siglo la creación del Parque Nacional de Doñana, del que gestiona unas 10.000 hectáreas, expresó su «total apoyo» a la aplicación de la Ley de Costas pero criticó las formas.

En su opinión, la «falta de consenso» del MARM con las otras administraciones implicadas en Doñana, así como «la precipitación» y la actuación «parcial y en dos fases» de este deslinde han generado «malinterpretaciones» perjudiciales. Hiraldo añadió que no entiende «las prisas» con las que ha actuado el MARM cuando existen otras zonas costeras sin deslindar y criticó que el deslinde se aplique a la zona dunar de las playas de Doñana y no a otras áreas como arrozales, que están incluidos como zona de declarar de dominio público en el informe científico en el que se ha basado el deslinde.

Por su parte, la organización ecologista WWF también apoyó este deslinde, porque entiende que «reforzará» la protección ambiental de este valioso ecosistema y animó a las administraciones a que lo extiendan a las decenas de kilómetros de la margen derecha del Guadalquivir adscritas al Parque Nacional de Doñana y otras zonas ocupadas por arrozales.

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción calificó de «positiva» y pidió que se extienda a todo el litoral español. El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, precisó que la medida no es más que «proteger lo protegido, viene, en definitiva, a reforzar la protección», aunque ha destacado el hecho de que «entienda la playa como un ecosistema, como un todo integrado». Consideró además idóneo el momento en el que llega esta decisión, ya que en estos momentos hay «una presión hacia ese territorio», en referencia a la pretensión del alcalde de Almonte de impulsar la conexión Sanlúcar-Almonte.

Romero opinó que el Ministerio no debe de limitar esta medida a la franja litoral de Doñana, sino que la debe extender a la zona de influencia mareal del río Guadalquivir y a todo el litoral andaluz y español.