Los familiares inician acciones legales contra la empresa y el Gobierno

Una vez encaminadas las tareas de rescate, los familiares de los mineros atrapados empiezan a acudir a los tribunales para depurar responsabilidades. Su objetivo no son sólo los dueños del yacimiento San José, sino los funcionarios gubernamentales que debieron haber controlado las condiciones de seguridad en las que operaba la explotación.

Uno de los abogados, que representa a 26 familias, inició las primeras acciones para que se investigue a los dueños de minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Como primera medida, la Justicia ordenó un embargo cautelar de más de 1,5 millones de euros a fin de responder a una segura demanda.

La medida judicial busca asegurar indemnizaciones para los 33 mineros atrapados por el derrumbe del 5 de agosto. Los propietarios habían declarado que no podían pagar los sueldos y sugirieron que irían a la quiebra. Pero los representantes legales de las familias aseguran que la empresa tiene bienes, y dinero por cobrar.

Otra familia demandó además a funcionarios del Gobierno nacional por un delito de prevaricación. Los afectados acusan al Ejecutivo de autorizar la reapertura de la mina San José en 2008 pese a que se había cerrado un año antes por las precarias condiciones de explotación. La decisión se había tomado tras la muerte de dos operarios: Fernando Contreras a finales de 2006 y Manuel Villagrán a comienzos de 2007.

Los propietarios declararon esta semana ante la Fiscalía por dos casos. Uno ocurrido el 3 de julio, cuando Gino Cortés, también minero, perdió una pierna en un derrumbe. En esta causa se les responsabiliza de lesiones graves. El otro expediente es el de los 33 mineros, sin figura penal hasta que culmine el rescate.

El accidente en el que Cortés perdió la pierna había causado gran impacto entre los compañeros. La esposa de Mario Gómez, uno de los 33 mineros bajo tierra, contó que su marido estaba conmocionado por lo que había ocurrido y había decidido dejar de trabajar en el yacimiento este mismo año.

Por su parte, el Gobierno chileno dijo ayer que aún desconoce el costo del rescate, por tratarse de una operación en marcha, en la que hay muchos actores involucrados, según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. «Es un trabajo que está en marcha, no lo tenemos (un cálculo)», dijo Larraín, preguntado por versiones de prensa que el jueves hablaban de un gasto de diez millones de dólares en el rescate de los mineros.