La Policía resta credibilidad al plan de ETA con las FARC

Los servicios antiterroristas españoles restaron ayer credibilidad a las informaciones que indican que ETA colaboró con la guerrilla de las FARC en un plan para atacar con morteros el acto de investidura del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebrado el pasado 7 de agosto en Bogotá y al que asistió, en representación de España, el príncipe Felipe. La cadena colombiana Caracol Televisión informó ayer de que el plan fue abortado tres días antes del evento gracias a la información proporcionada por un confidente no identificado.

La televisión privada colombiana mostró una serie de documentos atribuidos a la FARC en los que se narran los preparativos del magnicidio frustrado, que comenzaron el pasado abril. Los escritos explican que el atentado contra la plaza Bolívar, lugar en el que se encuentra el palacio presidencial, se iba a realizar con cinco cañones o morteros anclados en el suelo que iban a disparar desde un piso alquilado en un barrio cercano, y que en la operación participarían unos 250 terroristas armados. La misma fuente no indica si debido a la delación que frustró el atentado la policía colombiana pudo realizar algún tipo de detención.

Uno de los documentos citados por Caracol Televisión, fechado el 17 de mayo pasado, señala: «Los instructores que nos dio la ETA ya están en el campo dando instrucciones, el personal ya está seleccionado. Son 250 unidades que reciben las instrucciones y los simulacros debidamente establecidos, perfeccionados y con tecnología punta». El diseño del atentado es similar al que las FARC ya realizaron el 7 de agosto de 2002, durante la toma de posesión en la misma plaza del anterior presidente Álvaro Uribe, pero en aquella ocasión los proyectiles se desviaron y acabaron con la vida de casi una veintena de vecinos de Bogotá residente en barrios aledaños.

La policía española no dio demasiada credibilidad a la supuesta presencia de asesores etarras en la preparación de este plan, pero de todas formas va a solicitar a las autoridades colombianas que le faciliten el máximo de información posible sobre la investigación, para realizar los análisis y comprobaciones necesarias.