El Senado da vía libre a la reforma laboral gracias a la abstención de los nacionalistas

El Senado aprobó ayer la reforma laboral gracias al apoyo global que Entesa y el Grupo Mixto prestaron al Partido Socialista, porque tanto los Senadores Nacionalistas (PNV, BNG) como Convergencia y Unió se abstuvieron, y solo el grupo Popular se pronunció en contra. El proyecto ha sufrido cambios mínimos durante su paso por la cámara alta. El más significativo, la exigencia de que los parados, una vez transcurridos 30 días desde su inscripción en los servicios de empleo, tengan que aceptar los programas de formación que les propongan -«siempre que se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas»- si quieren conservar la paga que perciben. En la actualidad, ese periodo se extiende a 100 días.

Los puntos clave del texto aprobado en la Carrera de San Jerónimo se mantienen -las nuevas causas económicas del despido objetivo, la subvención de ocho días por parte del Fogasa, la apertura a las agencias de intermediación privadas, la extensión del contrato con 33 días de indemnización- y su aplicación ya puede darse por definitiva. El Congreso, que volverá a abordar el proyecto el 9 de septiembre, solo tendrá la opción de dar marcha atrás en las escasas modificaciones introducidas en la Cámara Alta.

En la Comisión de Trabajo y Emigración del Senado, la votación arrojó un empate a 12 votos así como 2 abstenciones, pero, al igual que sucediera en el Congreso, el resultado se decantó a favor al tomarse en cuenta el voto ponderado, es decir, el correspondiente a la representación de cada grupo. Con este cómputo, la ley salió adelante por el equivalente a 129 votos a favor y 123 contrarios. La votación en bloque impidió que ERC e ICV, integrados en Entesa, pudieran expresar su rechazo al proyecto. Incluso se dio la paradoja de que los vetos que defendieron los representantes de una y otra formación, en demanda de que el proyecto fuera devuelto al Gobierno, se saldaran sin un solo voto a favor.

El grupo socialista aceptó propuestas de CIU y los Senadores Nacionalistas (una de ellas planteada por el BNG), y ofreció transacciones en distintas materias. Pero el consenso no se tradujo en variaciones de calado. Entre las más significativas figura la excepción a los límites establecidos para el encadenamiento de contratos temporales en los programas de investigación y en las grandes obras públicas que requieren una mayor continuidad. Fue unánime el apoyo a una enmienda transaccional por la que el Gobierno se da un plazo de doce meses para revisar las condiciones laborales y mejorar la 'empleabilidad' de los discapacitados.

Cuatro enmiendas nacionalistas, tres del PNV y una de BNG, salieron adelante con el voto del PP. Los nacionalistas vascos sacaron adelante su propuesta de eliminar como causa legal de despido que el absentismo global de una empresa alcance el 2,5%, o la restricción de la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que han realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años ampliables a uno más. Propuestas que, junto a la del BNG para que el paro cobrado en los casos de desempleo parcial se compute por horas, y no por días, tienen pocas posibilidades de prosperar en el Congreso.

En soledad

Las portavoces del PP, Alicia Sánchez Camacho, y del PSOE, Matilde Fernández, se cruzaron reproches por la reforma. La senadora popular insistió en que el proyecto es «insuficiente» para invertir la tendencia del paro en un país con 4,6 millones de desempleados. Aseguró que la reforma iba a producirse «en soledad parlamentaria y social" y que se recordará en todo momento como «el proyecto del despido».

Matilde Fernández, del PSOE, argumentó que el proyecto está orientado a «la búsqueda del equilibrio». «No me parece que estemos solos», se defendió. Los nacionalistas, por su parte, consideran la reforma «un paso insuficiente» y una iniciativa «que no satisface a ninguna de las partes». Para Joseba Zubía, del PNV, «aplicar lo aprobado será difícil, por no decir imposible». El representante de CiU se mostró satisfecho al lograr una precisión técnica en el enunciado de las causas económicas que facilitan el despido objetivo con indemnización de 20 días. En el texto aprobado, allí donde una coma separa «la existencia de pérdidas actuales o previstas» en una empresa de la «disminución persistente de su nivel de ingresos», pidió, y obtuvo, que se remarcara la diferencia con punto y coma. Queda establecido que esas circunstancias han de poder afectar a la viabilidad o la capacidad (de la compañía) para mantener el empleo.

Pese a que el debate en el Senado fue algo menos accidentado que el del Congreso, la dificultad para aclarar las enmiendas aprobadas o rechazadas generó confusión y bullicio entre los parlamentarios. «Nadie me hace ni puto, caso», se quejó la presidenta, Lentxu Rubial, a micrófono abierto cuando daba por concluida la sesión.