Las gestiones para la liberación pasaron por momentos difíciles

El Gobierno temió que su andamiaje diplomático y político para liberar a Albert Vilalta y Roque Pascual se viniera abajo entre el 22 y 24 de julio, cuando fracasó la operación franco-mauritana para liberar al rehén Michel Germaneau y los terroristas islamistas decapitaron al prisionero. El Ejecutivo vivió aquellos días «con muchísima tensión, con mucha preocupación», admitió ayer la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, una de las personas que trabajó en la 'cocina' de la operación para liberar a los dos cooperantes.

Otro día «duro» fue el de comunicar a la familia de Vilalta que estaba herido por el tiroteo que se produjo en la captura del 29 de noviembre, comentó la secretaria de Estado. En definitiva, añadió, «la gestión ha sido muy difícil» con situaciones «muy complejas», aunque el Gobierno «nunca perdió la confianza y la esperanza» en la liberación.

Rodríguez señaló en declaraciones a RNE que en el Gobierno siempre reinó la convicción de que este final «iba a llegar», pese a que episodios como el de Germaneau hicieron temer que la célula que tenía en su poder a Vilalta y Pascual fuera a actuar de igual manera. El rehén francés se encontraba en manos de un grupo capitaneado por Abdelhamid Abu Zeid, mientras que los cooperantes españoles estaban en poder de Mokhtar Belmokhtar, menos radical que Abu Zeid.

La secretaria de Estado coincidió así con el relato del intermediario de la operación, el mauritano Mustafa Ould Liman Chafi, quien también dijo que tras el degollamiento del francés «estuvieron a punto de matarles (a los cooperantes)» y parecía que era «una causa perdida».

Rodríguez se negó a valorar además el comunicado de Al Qaida tras la liberación de Vilalta y Pascual, en el que sostienen que lograron «algunas de sus peticiones» para soltar a los prisioneros tras 268 de cautiverio. «Una parte fundamental» de la estrategia de los terroristas, explicó la alto cargo de Exteriores, es conseguir que los estados entren en su «dinámica de chantaje y extorsión», y el Ejecutivo no va a entrar en esa espiral porque sólo sería «propaganda para sus fines».