Una política mucho más que errática

Esa huida hacia adelante que protagoniza estos días la Junta de Andalucía se llama Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Dice su Exposición de Motivos, para posicionarse ideológicamente, que se opta por un modelo público de prestación de servicios, rechazando otros modelos liberalizadores que inciden esencialmente en la privatización de la prestación de tales servicios. Este Decreto-Ley gira en torno a dos ideas esenciales. En primer lugar, modifica la Ley de la Administración de la Junta en determinados preceptos relativos a la ordenación de las entidades instrumentales, y de forma muy especial a las agencias públicas empresariales. Segundo, se procede a distinguir dos tipos de agencias públicas empresariales. Una de ellas, referido a aquellas entidades que se dirigen a la producción de bienes y servicios en régimen de libre mercado. Las otras, se refieren a aquellas que ejercen competencias propias o programas propios de la Consejería matriz a través de actividades de promoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación. El marco jurídico de las primeras será el derecho privado, mientras que en el caso de las segundas es el derecho administrativo o privado, según su particular gestión empresarial así lo requiera.

El llamado Plan de Reordenación del Sector Público auspiciado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que se ha materializado en el Decreto-Ley 5/2010, supone una clara intervención para consolidar la administración paralela que la misma Junta ha fomentado en los últimos 25 años. La creación de 'Agencias de Gestión' integrará a funcionarios, personal laboral y cargos de 'libre designación', todos con los mismos derechos y deberes. Un 'totum revolutum' que se aleja de la garantista forma de ver y encauzar la Administración por el Derecho administrativo. Más de 28.000 trabajadores, entre funcionarios y contratados, están actualmente empleados en dichas agencias. La Junta parece blindarse con más gasto público, generando más clientelismo. Esto lo asevera el hecho de anunciar la Junta una reestructuración del sector público, sin que ello suponga la pérdida de un solo empleo, ni tan siquiera el de los altos cargos. El presidente de la CEA estima que en el entramado de empresas públicas, fundaciones o consorcios, superan holgadamente los 300 entes, que debe reducirse, tal y como el presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a hacer en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Con la reforma, la Administración andaluza pretende 'legalizar' una evidente, por hoy, situación de ilegalidad manifiesta, en el sentido de los múltiples pronunciamientos de los tribunales contenciosos-administrativos. La Junta de Andalucía ha vuelto a desoír el sinfín de pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en cuanto que acaba de realizar una nueva encomienda de gestión a una empresa de la llamada 'administración paralela'. El alto tribunal ha paralizado tres encargos de similares características, siendo el fundamento esgrimido por el mismo, la atribución de potestades públicas a personal no funcionario. Quizás la situación más paradójica en este bodrio jurídico administrativo es la contemplada en el auto de 7 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de los de Sevilla, que paralizó cautelarmente la asistencia técnica encargada por el Servicio Público de Empleo a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, dependiente de la misma Consejería de Empleo, en el que se exponía, que además de ejercer los trabajadores de la Fundación de potestades reservadas en su ejercicio de forma exclusiva a los funcionarios que detentan las mismas, la Fundación procedía a hacer encargos por la vía de la externalización de servicios al personal de la propia Consejería.

El pasado 30 de abril, el Consejo de Ministros, abrumado por la crisis y las exigencias foráneas para racionalizar el gasto público, dio el primer paso en el sector público empresarial dependiente del Estado para su racionalización, que necesariamente debe pasar por su reducción. El acuerdo se enmarca como integrante de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la actualización del Plan de Estabilización que ha sido presentado en Bruselas, dentro del contexto de la nueva situación de auténtico protectorado económico en el que vive nuestro país. El objetivo pretendido pasa por aumentar la eficiencia y la eficacia del sector público empresarial y reducir con ello el gasto público inherente al mismo. A pesar de ello, asistimos a un llamativo crecimiento del sector público empresarial en las administraciones autonómicas y municipales. En el caso andaluz, la Administración autonómica ha multiplicado por cuatro el número de sociedades o entes públicos en sólo una década, significando ello un aumento del número de trabajadores del 100%.

La pregunta que realmente debiera uno hacerse como contribuyente sería ¿empresas públicas, para qué? En ésta se incluyen en la actualidad desde televisiones, promotoras turísticas, empresas industriales, organizadoras de eventos y un largo etcétera que casi nos lleva al infinito. Unas veces se justifican su creación con motivo de la celebración de un evento de 'singular trascendencia', otras en el impulso del desarrollo industrial o de otra índole, también en la absorción y tutela de empresas privadas en procedimientos concursales o imbuidas en crisis irreversibles y en un gesto de 'progresía, gran corazón y espíritu solidario' (bueno, esa es la falsa justificación y no querer enfrentarse con el problema) proceden así a mantener el empleo, mediante subvenciones y ayudas, alejadas de cualquier justificación económica, sin haberse predeterminado su real viabilidad. Por último, también se han utilizado para obtener financiación por la vía del endeudamiento y así desplazar el mismo de los propios presupuestos de la comunidad autónoma. En fin, un cúmulo de sinsentidos. Y ahora, en plena época estival, nos viene Pepe, como a él le gustan que le llamen, en lugar de Don José Antonio, como pienso debiera ser, y nos cuela el Decreto-Ley y así legalizar lo que la fuerza de los hechos había normalizado ya, por habitual, a pesar de los pronunciamientos judiciales en contra.

¿Qué se puede esperar de una Administración que considera ricos a los que ganan más de 6.000 euros y así justificar un gravamen al ahorro en depósitos bancarios, o bien aquella que se ve obligada a pactar con el consulado británico para que sea un funcionario de su graciosa majestad quien vele por la legalidad urbanística en Andalucía en defensa de los súbditos británicos que viven o invierten en nuestra comunidad? Sin dudas, nada bueno.