Las actuaciones contra la droga caen un 800% por la huelga policial encubierta

En abril el Gobierno de Zapatero anunció sus famosos recortes salariales al funcionariado y en mayo algunos colectivos como el de la Policía Nacional ya empezaron a hacer patente su disconformidad en forma de protesta. En este caso concreto, como ya se sabe las Fuerzas de Seguridad no están autorizadas a hacer huelga en términos estrictos, por lo que los agentes se las ingeniaron para disfrazar una de las movilizaciones más destacadas que se recuerde en forma de 'trabajo a reglamento'.

Se trata, como ya adelantó este medio, de una especie de huelga a la japonesa sólo que con resultados inversos: los profesionales siguen las normas de forma rigurosa y ello implica que los procesos se ralentizan y que sólo se interviene en casos flagrantes y de extrema necesidad. Tras varios meses de experimento, la propia Comisaría de Jerez ha ofrecido a los sindicatos las primeras estadísticas, cuanto menos demoledoras, sobre los resultados de una forma de proceder que está siendo secundada por el 90% de la plantilla.

Así lo confirmó ayer el delegado local de la Confederación Española de Policía, Antonio Olivencia, destacando que desde mayo hasta lo que va de agosto se han levantado un 250% menos de actas por tenencia de drogas que en el mismo periodo del año anterior. En el mes vigente la diferencia es aún más abultada, pues en estos doce días se han gestionado un 800% menos que en la misma franja de 2009.

Concretamente, el pasado año en los citados meses se habían impuesto 614 actas, mientras que en 2010 la cifra se sitúa en 183. En estos primeros días de agosto, se interpusieron nada menos que 257 y en la actualidad el número registrado apenas si llega a la treintena. Con las actas de tenencia de armas ha ocurrido algo similar, puesto que en lo que va de agosto se han registrado un 500% menos que en 2009, con cuatro actas frente a las 21 del año anterior.

En el resto de los delitos, la cosa tampoco pinta muy bien, ya que se han levantado un 600% menos que en agosto de 2009. Estos datos, además de incidir directamente en la seguridad de las calles y en la correcta asistencia al ciudadano, se traducen claramente en un agujero económico de importantes dimensiones para el Ministerio del Interior: a tenor de la información facilitada por la CEP, el Gobierno habría dejado de ingresar casi 300.000 euros entre mayo y agosto por este descalabro en la interposición de actas (en total, 984 menos).

Cada uno de estos trámites, equivalentes a las multas, conlleva un pago mínimo de 301 euros, lo que puede subir hasta 600 dependiendo de la gravedad del delito. Calculando siempre a la baja, la CEP afirma que son 297.000 euros los que no han podido percibir las arcas del Estado, y sólo en lo referente a la Comisaría de Jerez. Si te tiene en cuenta que en la mayoría de jefaturas de toda España se está trabajando a reglamento, las pérdidas serían casi incalculables.

Ingresos perdidos

«Esto definitivamente al Gobierno no le compensa -argumentó Olivencia-, le va a salir más caro lo que estamos haciendo que la bajada de sueldos. Parece que no les importan las consecuencias». Como confesó, las altas instancias policiales «se están poniendo nerviosas» ante estos escasos resultados, por lo que podrían estar pensando en abrir una investigación para depurar responsabilidades o, al menos, poner nombre y apellidos a los 'instigadores' de la protesta.

Sin embargo, se darán con un hueso duro de roer puesto que, sin olvidar que la inmensa mayoría del personal la está secundando, los profesionales recuerdan que no están haciendo nada a espaldas de la ley, al tiempo que subrayan que «nadie puede obligar a los policías a poner multas». En el caso de la Comisaría jerezana, desde la CEP aseguran que los trabajadores no están sufriendo ningún tipo de presión al respecto, como sí ocurre en otras de la provincia.

Ellos, por su parte, lo tienen meridianamente claro, y en la medida en que persistan los recortes continuarán con su peculiar trabajo a reglamento. En un primer momento, como la iniciativa coincidió con la paga extra de junio, muchos funcionarios no notaron excesivamente la rebaja, a pesar de que a algunos les han quitado más de 100 euros. Sin embargo, conforme pasó el tiempo aumentó la inquietud y la conciencia de que parte de su sueldo no lo volverán a percibir. En diciembre, como advierte Olivencia, la cuestión se agravará porque de la extra les reducirán 400 euros. Por ello, auguran un invierno lleno de movilizaciones, ya que no sólo continuarán con esta protesta sino que organizarán otras nuevas a partir del próximo mes de septiembre.

Eso sí, inciden en que no se sumarán a las del resto del funcionariado sino que ellos irán por libre, teniendo en cuenta las características específicas de su trabajo, en el que se juegan la vida y que desgraciadamente consideran que no está lo suficientemente valorado, ni por supuesto remunerado.