La Junta exige investigar cómo llegaron 41 menores a sus centros desde Canarias
SEVILLA. Actualizado: Guardar«No voy a pedir disculpas porque no me he equivocado». La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reiteró ayer su denuncia contra el Gobierno canario por la llegada de menores inmigrantes a los centros andaluces procedentes de la comunidad insular y pidió que se investiguen las causas de estos traslados. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, exigió la pasada semana a la consejera disculpas y desmintió que su gobierno pague el viaje a menores para que ingresen en centros andaluces, tal como Navarro insinuó a Europa Press.
La tutela de menores es competencia de las autonomías. Si un menor inmigrante es hallado desamparado en una comunidad, esta se tiene que hacer cargo de él. Lo que denuncia la consejera andaluza es que desde hace un año llegan a los centros andaluces menores no acompañados sobre los que se ha constatado que entraron a España en cayuco vía Canarias. La consejera dijo que se han documentado 41 casos. Chavales procedentes de Senegal y Mauritania, que volaron desde las islas a Valencia y Madrid. Sólo cuatro de ellos cogieron vuelo directo a Andalucía. Desde Valencia y Madrid viajaron en autocar hasta Andalucía, donde incluso dijeron a la policía los centros en los que querían ingresar, habitualmente Almería y Huelva, dos provincias con gran concentración de inmigrantes por el trabajo en invernaderos donde probablemente residan algunos de sus familiares.
La consejera advierte de que alguien debió pagarles el viaje y se pregunta cómo pudieron pasar controles en aeropuertos y estaciones siendo menores no acompañados. Es lo que quiere que se investigue.
La razón es bien sencilla. Cada chaval cuesta 2.460 euros al mes a la Junta, comunidad con un progresista sistema de protección de menores. Chicos y chicas acceden a estudios, manutención y residencia hasta los 18 años. «La situación es insostenible», indica Navarro, quien recuerda que la Junta acoge a 800 menores en sus centros. La consejera pide que cada comunidad se haga cargo de los menores que le llegan, salvo que haya convenios de colaboración.
