El bufete acusado de montar para Roca la trama de blanqueo recupera sus bienes

El juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del 'caso Malaya' consideraba que cada uno de ellos habría blanqueado más de 500 millones de euros. Por eso fijó esta cantidad como fianza por responsabilidad pecuniaria para los cinco integrantes del bufete de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, el despacho que supuestamente diseñó, creó y gestionó el laberíntico entramado societario del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Para garantizar el pago de dicha cantidad, en total 2.500 millones de euros, se procedió al embargo de los bienes y cuentas de los letrados, así como del dinero intervenido durante los registros en la sede del despacho madrileño. De todo ello pueden disponer ya los cinco acusados, después de que el tribunal encargado de juzgar la supuesta trama de corrupción municipal e inmobiliaria destapada en Marbella haya decidido levantar las trabas judiciales sobre el patrimonio de los abogados. En un auto, al que ha tenido acceso SUR, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga acuerda dejar sin efecto cualquier embargo o medida cautelar que pese sobre el patrimonio de los procesados Manuel Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Zurita, Francisco Antonio y Juan Luis Soriano Pastor y Manuel Sánchez Martín.

La Sala ordena además la devolución del dinero que, hallado por la Policía en una caja fuerte del despacho, seguía retenido en la cuenta bancaria consignada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, en el que se instruyó el caso. Las cantidades ascienden a 387.398,12 euros, 25.000 francos suizos y 1.000 dólares estadounidenses.

En sus declaraciones por esta causa, los abogados han defendido siempre el origen lícito de estas cuantías y su nula relación con los hechos investigados en 'Malaya'. Mantienen que el dinero se corresponde con diversas actuaciones profesionales del gabinete jurídico y, en el caso de los francos, con la minuta abonada por una compañía relojera suiza por su defensa en un asunto civil.

'Ave María'

La Audiencia Provincial dispone que se libren mandamientos a las distintas entidades bancarias para que se cancelen los embargos o retenciones ordenadas sobre cuentas en las que los acusados sean titulares. Entre las actuaciones, según apunta la resolución judicial, deberá quedar sin efecto el bloqueo decretado sobre las cuentas corrientes y activos financieros a nombre del gabinete jurídico y de la mercantil Fininvest SL, así como de cinco familiares de los acusados.

El tribunal argumenta su decisión de suprimir los embargos en el hecho de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones -Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía- solicitan en sus escritos de calificación ningún tipo de indemnización en lo que concierne a los cinco procesados. «No existiendo petición de responsabilidad civil alguna por parte de las acusaciones, la Sala no encuentra justificación para mantener tales medidas», según establece el auto.

El Consistorio marbellí, sin embargo, sí recoge en dicho escrito que, en concepto de responsabilidad civil, el letrado Manuel Sánchez Zubizarreta debe responder, junto con otros siete acusados, de un perjuicio económico a las arcas municipales por más de 1,3 millones de euros derivado de la operación inmobiliaria 'Ave María'.

La Sala ofrece otras razones para levantar las trabas judiciales. Alguna de ellas, incluso, parecen poner en tela de juicio la actuación del juez Miguel Ángel Torres. Según dispone la Sección Primera, «no pueden mantenerse las fianzas y cautelas de responsabilidad civil en su día acordadas por el Juzgado de Instrucción» debido a la «imposibilidad práctica de dilucidar el concepto en que fueron fijadas tales fianzas dada la generosidad de los términos en que se hizo». Para el ex instructor, el concepto parecía estar muy claro. El juez sostenía que los integrantes del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor eran los responsables de desarrollar el engranaje societario del supuesto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Según el magistrado, los abogados eran «fiduciarios y gestores» del patrimonio del ex asesor urbanístico y «colaboraban de forma decisiva en el blanqueo a través de una estructura criminal que ocultaba y reinvertía los fondos», cuyo principal responsable era Sánchez Zubizarreta.