Controlar las armas

La industria armamentística española se ha convertido en diez años en la sexta exportadora de armas del mundo favorecida por el desarrollo del sector, la inversiones y la política de defensa europea que ha revalorizado la marca España en un mercado fuertemente globalizado. El volumen de un negocio que alcanza los 1.500 millones en ventas en 67 países provoca, sin embargo, algunos recelos respecto al estricto control sobre el destino y el fin último de las armas fabricadas en nuestro país. La información que ofrece hoy este periódico refleja la inquietud de algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el comercio armamentístico de España con países como Israel o Marruecos. Con todo, los mismos portavoces admiten que desde la aprobación de la Ley de Control sobre Comercio Exterior de Armas existe más transparencia y control sobre licencias aprobadas y denegadas, los países de destino y el volumen de la exportación. El negocio de la venta de armas, que siempre suscita prevención por el temor a que acabe alimentando guerras civiles, conflictos étnicos o termine en manos de grupos paramilitares o guerrillas, refleja la contraposición de intereses entre la industria armamentística y los acuerdos internacionales para la protección de los derechos humanos y compromete al Gobierno a reducir al mínimo los posibles «agujeros negros» de este intercambio. Tanto el Código de Conducta vigente en la UE como multitud de protocolos internacionales obligan a los países exportadores a evitar destinos donde se puedan cometer violaciones de derechos humanos, zonas en conflicto o clientes que no ofrezcan garantías. España, al igual que otros países democráticos, tiene plena legitimidad para participar en el comercio de armamento, entre otras razones porque el comercio legal es el mejor antídoto contra el comercio ilegítimo. Pero la autorización de los intercambios de material tan sensible debe estar sometida a una ejecución y seguimiento que no deje lugar a dudas sobre su destino y uso. Y ese objetivo demanda incrementar la transparencia comercial y el control institucional que garanticen la limpieza en las entregas.