Los vecinos amenazan con llevar la instalación de 166 antenas a los tribunales

El pleno municipal dijo 'sí' a la instalación de 166 antenas de telefonía móvil, y apenas una semana después la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad ha decidido que llevará el conflicto hasta sus últimas consecuencias impugnando la medida en los tribunales. Las dos moratorias solicitadas por el colectivo fueron ignoradas y, a pesar de que el pleno dejó en suspenso hasta en dos ocasiones la colocación del cableado, finalmente en la última sesión celebrada la pasada semana los socialistas dieron luz verde a la iniciativa, con la negativa del resto de los partidos políticos.

Un mazazo para los representantes vecinales, que se empeñan en liderar esta lucha en defensa de la salud de los jerezanos, según ellos, argumentando que existen muchos estudios que avalan lo nocivo de las antenas o que, en el mejor de los casos, tampoco está demostrado su posible perjuicio, lo que ya es más que suficiente para sembrar la duda en torno a un tema tan delicado.

Como anunció ayer el presidente de Solidaridad, Sebastián Peña, después de que toda esta lucha haya quedado en saco roto y, teniendo en cuenta que en el próximo pleno municipal se aprobará definitivamente la instalación, los asesores jurídicos de la federación impugnarán la medida cuando llegue ese momento en los tribunales. «Estamos dispuestos a impugnar lo que haga falta por la salud de los ciudadanos -apuntó-. El Ayuntamiento sólo piensa en la economía, y hay que pensar también en lo social».

Según Peña, durante todo este tiempo el ejecutivo ha intentado convencer a los vecinos de la inocuidad de las antenas a través de contactos con técnicos de empresas aparentemente neutrales, pero tras las que se esconden las compañías de telefonía con más peso del país, lo que por tanto invalidaría cualquier explicación al respecto.

«No estamos en contra de los móviles -aclaró Paco Gil, vocal de Solidaridad-, porque en caso de accidentes incluso nos pueden salvar la vida. Con lo que no estamos de acuerdo es con el uso y la implantación sin respeto». En este sentido, volvió a recordar dos resoluciones del Parlamento Europeo que aluden a la necesidad de bajar la potencia de las emisiones, así como estudios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) cuyas recomendaciones han sido seguidas con resultados satisfactorios en otros países e incluso en localidades españolas como Basauri.

La cuestión es que las competencias en esta materia, como acreditan varias sentencias judiciales, son puramente municipales, por lo que desde la federación consideran que no existe suficiente voluntad política en el Ayuntamiento de Jerez para dar respuesta a sus demandas. Pese a ello, el colectivo continuará con su particular cruzada que no se limitará únicamente a acudir a los juzgados, sino también a conversar con los distintos grupos de la oposición, ya que se quejan de que el gobierno local no les escucha, para propiciar un pacto del que formen parte todos los partidos.

Pasos futuros

«Seguiremos pidiendo que se investigue todo lo que se refiere a la salud, para eso queríamos la moratoria, y que se soterren las líneas de alta tensión, además de un certificado del Ministerio de Sanidad que acredite que las antenas son inocuas y que cubra los posibles daños causados por éstas». Algo que complementarán con campañas informativas capitaneadas por «entidades independientes» que se publiciten en los medios de comunicación y se desarrollen en los centros escolares.

Por último, Peña y Gil aprovecharon su comparecencia para mostrar su indignación por el comportamiento que supuestamente la alcaldesa tuvo con ellos en el último pleno, a cuya finalización les reprochó que «ya habían tenido su momento de gloria», en referencia a la protesta que protagonizaron en el salón plenario. A este respecto, subrayaron que nada más lejos de la realidad el que ellos tengan algún tipo de interés personal o ansias de notoriedad con este asunto, por el que están luchando «única y exclusivamente por el bienestar de los jerezanos».