Las bodegas piden a la Junta que las avale para hacer frente a las multas

Los casi siete millones de euros con los que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha golpeado al Marco de Jerez al aplicar una sanción a ocho bodegas, la patronal Fedejerez y el Consejo Regulador del Vino pueden significar el fin de muchos negocios que van a tenerlo muy difícil para reunir las astronómicas cantidades para hacer frente a la multa impuesta.

Diversas fuentes del sector dejaron claro ayer que el principal objetivo de todos los afectados es realizar los trámites previstos para presentar el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional. Pero incluso en ese caso es necesario que las empresas sancionadas tengan preparado el dinero de la multa o, al menos, un aval bancario que acredite que, en caso de su reclamación no prospere, podrán hacer frente al abono de la cantidad con la que les ha penalizado el organismo presidido por Luis Berenguer.

Y es en este punto en el que aparecen los problemas, ya que entre los damnificados por la resolución de la CNC hay desde grandes bodegas a pequeñas empresas de corte más familiar, y a todos no les va a resultar fácil lograr las cantidades fijadas, que van desde los 2,3 millones de que debería pagar Williams & Humbert hasta los 28.000 euros de Caydsa.

«Las empresas más grandes tal vez no tengan tantos obstáculos, porque tienen líneas de financiación amplias y abiertas en las que poder encajar esta petición, pero hay otras que incluso arrastran deudas y problemas de pagos a las que esta situación les puede dar la puntilla», explicaban ayer las fuentes consultadas por este medio. Eso sin olvidar que en la patronal Fedejerez y el Consejo Regulador están inscritas otras empresas que no han sido sancionadas, pero que tendrían que hacer frente al pago global de las multas a estos dos organismos «en una situación económica más que crítica y desfavorable para este sector vitivinícola».

Por este motivo, en el marco de la reunión mantenida ayer por el sector con el viceconsejero de Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Serrano Aguilar, los representantes de la Denominación de Origen pusieron sobre la mesa la petición a la administración autonómica para que respalde a las bodegas con alguna línea de avales para que puedan hacer frente a la situación y cada una de ellas tenga la opción de presentar su propio recurso ante la Audiencia Nacional.

El viceconsejero no dio una respuesta en firme hasta analizar la cuestión con la titular del ramo, Clara Aguilera, pero las fuentes se mostraron confiadas al respecto, sobre todo a tenor del inequívoco apoyo que desde la Consejería han transmitido al sector y que calificaron de «total, a todos los niveles y en todos los ámbitos».

El mismo Consejo Regulador del Vino lo reconocía así ayer en el comunicado que envió tras la celebración del encuentro, y en el que no dejó pasar la oportunidad de volver a recordar que la resolución es «injusta y desproporcionada», y va suponer «un golpe durísimo para el sector , ya que pone en serio peligro la supervivencia de algunas de las bodegas expedientadas».

Según el organismo presidido por Jorge Pascual, «con independencia de las medidas jurídicas que cada una de las empresas y entidades afectadas habrán de tomar y que con toda probabilidad se plasmarán en los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional, la Consejería y los representantes del sector han acordado estudiar diferentes vías de apoyo que puedan paliar las gravísimas consecuencias que la aplicación directa de las sanciones sin duda tendrían sobre este sector estratégico de la agroindustria andaluza y que viene haciendo frente durante los últimos años a una difícil situación económica».

Por el momento, la que ya ha confirmado que recurrirá, para que «prevalezca la razón, la verdad y la justicia» es la patronal Fedejerez, que tampoco tiene duda de que «si se obtienen los fondos y avales correspondientes se interpondrán también el resto de los recursos».

Además de los efectos inmediatos y más dramáticos que tiene la sanción de la CNC sobre el Marco de Jerez, ayer también se debatió en la reunión respecto a la especial saña que desde este organismo están poniendo en su vigilancia al sector agroalimentario.

No en vano, la Consejería de Agricultura fue ayer contundente al afirmar que la Junta solicitará al Gobierno central y a la Unión Europea la adaptación de la legislación vigente en materia de competencias a las necesidades del sector agrario, con el objetivo de evitar sanciones como la ya impuesta a las bodegas. De hecho, señalaron que es prioritario que se adapte esta normativa a la especificidad de la parcela agroalimentaria.

Tanto el viceconsejero como los representantes del Consejo Regulador coincidieron en la importancia que tiene para el futuro de un sector estratégico para la economía andaluza, como es el agroalimentario, que se abra un debate sobre la competencia, dentro de la reforma de la PAC y para el nuevo marco comunitario. «Sólo así se garantiza la rentabilidad de la producción en las zonas agrarias y se favorece la fijación de la población al territorio rural», apuntó la administración en un comunicado.

Asimismo, el viceconsejero trasladó a los asistentes la preocupación del gobierno andaluz ante la situación creada y les aseguró que van a contar con todo el apoyo de la administración para buscar posibles soluciones a unas sanciones que también consideró «injustas y desproporcionadas».

Durante el encuentro, Serrano no se olvidó de resaltar el trabajo que realizan los consejos reguladores, «con unas competencias claras que determinan el desarrollo de sus funciones». Por todo ello, el presidente del organismo que regula la Denominación de Origen del jerez, Jorge Pascual, le transmitió su agradecimiento «por la rápida e inequívoca reacción de la consejera».