El Supremo pide permiso al Congreso para juzgar a Uriarte

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha solicitado autorización al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, para poder enjuiciar al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Uriarte Ayala, quien goza de aforamiento por ser diputado nacional por Valencia. El alto tribunal considera que el parlamentario pudo incurrir en responsabilidades penales el pasado 19 de marzo cuando tuvo un pequeño accidente de tráfico en el centro de Madrid mientras conducía ebrio tras salir de su propia despedida de soltero.

En su resolución, conocida ayer, el alto tribunal acepta la competencia del caso al comprobar que Uriarte, efectivamente es aforado, y acepta así la inhibición del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, que el pasado mayo, tras pedir que el Congreso de los Diputados le certificara oficialmente que Uriarte es parlamentario, remitió al Supremo la causa. El tribunal designa como instructor del sumario al magistrado de lo Penal Joaquín Jiménez.

El Supremo hace suyo el informe de la Fiscalía y, en principio, cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal. Este ilícito está castigado con pena de prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Los hechos por los que Uriarte se sentará en el banquillo se remontan a las siete de la mañana del pasado 19 de febrero, en la céntrica calle Serrano de Madrid. El diputado, que celebraba su despedida de soltero, había pasado una velada con varios amigos y conducía el vehículo de un conocido al que acompañaba y que, según su testimonio, iba más ebrio que él. En un momento dado, el coche embistió por detrás a otro vehículo que estaba parado en un semáforo en rojo. La colisión abolló el parachoques del otro turismo y le deformó el maletero.

Más del doble

Los policías municipales que acudieron al accidente sometieron a Ignacio Uriarte al preceptivo test de alcoholemia, que reveló que el diputado conducía con una tasa de alcohol de 0,52 miligramos, más del doble de lo legal. Un supuesto delito que, además, lleva aparejado la pérdida de seis puntos del carnet de conducir y una multa de entre 301 y 600 euros.

Uriarte, al poco de salir a la luz pública su accidente, fue obligado por su partido a dimitir como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, aunque siguió como miembro de la comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. El diputado, que se declaró arrepentido y pidió disculpas públicas por el «error humano», intentó que el caso no llegara al Tribunal Supremo, renunciando a su aforamiento. Sin embargo, el Ministerio Público se opuso, ya que según la legislación actual un diputado no puede renunciar a su 'protección' parlamentaria a su antojo.

A partir de ahora, el Congreso tiene dos meses para contestar al Supremo, un plazo que comenzará a correr el próximo 1 de septiembre por las vacaciones parlamentarias. Bono cuando reciba el suplicatorio lo enviará a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Este órgano, tras dar audiencia a Uriarte, bien en persona o por escrito, emitirá un informe que será votado en el primer pleno del Congreso que se convoque. Todas las fuentes consultadas apuntan a que no habrá problema para que la Cámara dé su permiso al alto tribunal para que enjuicie al diputado popular.