El PSOE aprueba en solitario la instalación de 166 antenas más

Más de cuatro horas de Pleno ordinario y 17 puntos sometidos a votación dieron como resultado, entre otros, la aprobación de la instalación de 166 nuevas antenas de telefonía móvil y banda ancha en la ciudad. El delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, se quedó solo en la defensa de los dispositivos electromagnéticos, y no consiguió siquiera la abstención de los grupos de la oposición.

El asunto estuvo, además, aderezado por dos protestas. Miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad se levantaron de sus asientos con camisetas alusivas a los posibles perjuicios de las antenas a la salud e inmediatamente fueron expulsados del salón por agentes de la Policía Local. Algo más tarde, el presidente de la federación, Sebastián Peña, también mostró un cartel en referencia a su rechazo a la ampliación del parque de antenas, por lo que corrió la misma suerte que sus compañeros.

«Somos conscientes de la necesidad de garantizar el servicio a particulares y empresas», alegó Crisol, que recordó que se han celebrado charlas y encuentros de especialistas con colectivos en los últimos meses. El delegado puntualizó, no obstante, que «hay un periodo de información pública para que puedan hacer las alegaciones que crean convenientes».

Los tres partidos de la oposición se unieron a la petición vecinal de una moratoria que dé tiempo a que se tengan nuevos datos sobre la incidencia de las antenas en la salud e incluso a que el Ayuntamiento pueda modificar sus ordenanzas al respecto. Desde IU, Joaquín del Valle citó algunos aspectos regulables como «la distancia, los niveles de emisión o las revisiones periódicas» de los dispositivos. Rosario Rodríguez, del PSA, argumentó que «la ciudadanía debe participar en un asunto controvertido como éste». Por último, desde las bancas populares, Felisa Rosado espetó que «no está demostrado científicamente que las antenas no hagan daño».

Luz verde a la legalización

El otro punto estrella del día fue la aprobación, tal y como estaba previsto, de la revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluía la figura jurídica del hábitat rural diseminado y que ponía el punto de luz necesario en el camino para la legalización de más de 800 viviendas en la zona rural.

En esta ocasión los socialistas contaron con el apoyo del PP aunque solamente lo hicieron «por solidaridad con las familias» y puntualizaron que «se les debe decir a los vecinos que serán ellos los que pagarán la urbanización y el suelo a la Junta». Crisol apostilló que «los precios serán razonables y se podrán pagar en mucho tiempo». La propia alcaldesa, Pilar Sánchez, quiso intervenir en este punto para recordar que «el coste medio del proceso de legalización por vivienda no supera los mil euros». Cuartillos, Gibalbín, La Inmaculada, Añina, El Polila, Las Tablas, Baldío Gallardo, EL Mojo, Repastaderos-Las Pachecas, Puente de La Guareña, Rajamancera-Cañada del León, Mesas de Santa Rosa-Pozo Romano y Cañada del Carrillo serán las poblaciones que se incluirán como hábitat rural diseminado.

Al igual que en el caso de las antenas, varios vecinos de cañadas protestaron también con camisetas verdes en las que se podía leer 'Legalización ya. No más promesas'. De nuevo, la Policía -de la que hubo una importante representación tanto dentro como fuera del Consistorio- tuvo que intervenir para desalojarlos del salón de Plenos.

Valenzuela, en el Pleno

Aunque no protagonizó ninguna protesta, todas las miradas se posaron ayer en el alcalde de La Barca, Roque Valenzuela, que cumplió su primera semana en huelga de hambre sentado en el salón de Plenos. Fue el concejal de IU, Joaquín del Valle, el que tomó la palabra en su nombre para solicitarle a la alcaldesa un encuentro para buscar una solución. Mientras tanto, trabajadores municipales y vecinos de la pedanía barqueña apoyaban con una pancarta al primer edil en la calle Consistorio.

Entre las bancas también se encontraba una nutrida representación de delegados de Alcaldía del PSOE, una circunstancia que provocó las quejas del PSA: «La reserva de sitios en el salón no está contemplada en reglamento alguno». Calificaron el comportamiento de «muestra de autoritarismo» y de «hurto de un derecho a los ciudadanos».

Por otro lado, el PSOE tumbó la propuesta de los populares de solicitar un anticipo de 150 millones de euros que palíen la situación de tesorería aludiendo los importantes problemas de pago que arrastra el Ayuntamiento. Pusieron como ejemplo el municipio de Marbella, que recibió 100 millones debido a su deuda de 400. Igual que el PSOE, IU no apoyó la iniciativa. «Votamos que no porque no es una propuesta sino una ocurrencia. No han justificado por qué esa cantidad. En Marbella hubo algo que aquí no hay: corrupción», destacó el primer teniente de alcalde, Casto Sánchez.

El debate de este tercer punto del día importante también fue interrumpido por la protesta de miembros de CGT y SIP (Sindicato Independiente de la Policía) que mostraron a la corporación carteles donde se leía 'Libertad de expresión'.