Interior acerca a otra etarra con más de 2.800 años de cárcel sin estar arrepentida

Idoia López Riaño, 'La Tigresa', no ha sido la única conocida terrorista acercada por el Ministerio del Interior en las últimas semanas. Inés del Río Prada, condenada a 2.803 años de cárcel y compañera de armas de 'La Tigresa' en el sangriento 'comando Madrid' de la década de los ochenta, ha sido trasladada a una prisión cercana al País Vasco, a pesar de que ella, a diferencia de López, no ha firmado carta de arrepentimiento ni ha manifestado romper con la banda. A sus espaldas pesan 24 asesinatos, uno más que 'La Tigresa'. Del Río, en sus 23 años de cárcel, nunca había estado en una de las prisiones de la mitad norte peninsular.

Según han desvelado mandos de la lucha antiterrorista, Del Río, más conocida como 'Nieves' o 'Pequeña', fue llevada a mediados del pasado junio desde la cárcel de Murcia -a casi 700 kilómetros de su Tafalla natal- hasta el centro palentino de Dueñas, a poco más de 300 kilómetros de su casa. Nunca antes, desde que fuera detenida en julio de 1987 en Zaragoza, Del Río había estado tan cerca del País Vasco y Navarra. En los últimos 23 años había sido mantenida especialmente alejada del norte de la península en centros de Córdoba, Puerto II (Cádiz), Algeciras (Málaga) o Albacete, ya que se le consideraba una irredenta de la banda. Desde agosto de 2007 estaba en Murcia.

Su actitud, explican responsables penitenciarios, no ha cambiado. 'Nieves', que tras la entrada en vigor de la doctrina 'Parot' no saldrá de la cárcel hasta junio de 2017, ha seguido fiel a las directivas del 'frente de makos' y «en ningún momento ha dado muestras de arrepentimiento ni de participar en la vida carcelaria».

Cinco son las condenas que pesan sobre esta activista, todas ellas como miembro del 'comando Madrid': 58 años por el asesinato del coronel Vicente Romero, su chófer y a un policía nacional; 2.232 años por el atentado de la Plaza República Dominicana contra un convoy de la Guardia Civil en el que murieron 12 funcionarios y en el que también estuvo involucrada López; 87 años de cárcel por el atentado contra el comandante Sáenz de Ynestrillas y otros dos militares, en el que igualmente participó 'La Tigresa'; 378 años por el asesinato de cinco guardias civiles con un coche bomba en la calle Príncipe de Vergara en compañía de Idoia López; y 48 años más por el atentado que costó la vida al vicealmirante Escrigas.

«Prematuro»

El acercamiento a Nanclares de Oca de Idoia López Riaño, 'La Tigresa', la más sanguinaria terrorista de ETA, ha sido demasiado para el Partido Popular, que desde el principio de la actual legislatura ha apoyado sin fisuras la política antiterrorista del Gobierno, incluidos los acercamientos selectivos de activistas, muchos de ellos con delitos de sangre. La dirección nacional del PP, en privado, se quejó de que ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni nadie de su departamento les informó de que el Gobierno había aprobado este polémico traslado. El PP vasco fue más allá y advirtió al Ejecutivo central que el acercamiento de 'La Tigresa' es «un error que el Gobierno no debe repetir en el futuro».

La dirección de la calle Génova no quiso hacer declaraciones sobre un acercamiento que reconocen es legal, pero que creen «prematuro» y cuyo secretismo podría debilitar el pacto antiterrorista. Solo Soraya Sáenz de Santamaría pidió explicaciones. «Todavía estamos esperando a que el ministro dé explicaciones voluntariamente sobre esos movimientos y esas decisiones y que no tengamos que pedirlas en otras instancias», apuntó. El peso de la ofensiva se dejó en manos del PP de Euskadi. Su parlamentario Carlos Urquijo fue el más rotundo al hablar de «premio a la terrorista más sanguinaria» que «ofende a la memoria de las víctimas». «Estos presuntos arrepentimientos en cadena son una tomadura de pelo, solo pretenden la obtención de beneficios penitenciarios. Ni se ha pedido perdón ni existe arrepentimiento», denunció Urquijo.

«Líneas rojas»

La Asociación de Víctimas del Terrorismo fue más allá. En un comunicado, acusó al Ministerio del Interior, en particular a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de haber «ocultado» información sobre el acercamiento de 'La Tigresa' en una reunión que mantuvieron el miércoles. El colectivo exigió «conocer cuántos acercamientos más se van a producir» y si hay ya un centenar de internos etarras beneficiados por la política penitenciaria del Gobierno. Además insistió en que estos acercamientos deben ser anunciados públicamente.

El colectivo, que señaló que con el traslado de López Riaño a Nanclares «se han traspasado las líneas rojas», insistió en su rechazo a la «estrategia iniciada por el ministerio».