La Justicia bloquea la ley de Arizona

«Bienvenido a Birminghan, Alabama, años cincuenta», saluda el abogado Richard Martínez. No le rodean plantaciones de algodón sino montañas rocosas y desierto fronterizo, pero aquí, en Arizona, se lleva a cabo la última gran batalla por los derechos civiles de EEUU. La guerra contra el racismo hacia las minorías hispanas ganó ayer una importante victoria cuando la jueza Susan Bolton bloqueó la entrada en vigor de la controvertida ley SB1070 que criminalizaría a los inmigrantes ilegales y permitiría a la policía detener a todo el que no lleve encima documentos migratorios.

La batalla no ha terminado, Arizona apelará y la guerra llegará hasta el Supremo. El implacable sheriff Arpaio ha dicho que con ley o sin ella, hoy llevará a cabo otra cacería de ilegales. Ha colgado cómicamente en su cárcel campamento el cartel de «Hay vacantes», para que todos sepan que no piensa bajar la guardia. Otros 22 estados de EEUU trabajan en leyes semejantes. Los hispanos que permitieron con su voto la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca le reclaman una reforma migratoria que ponga fin al problema. Trece millones de emigrantes ilegales en el país y una frontera que es un colador.

«Se acabó lo de irse de Arizona por miedo a la SB1070», sentenció ayer Ben Miranda, legislador estatal que forma parte de las siete demandas que le han plantado cara. «Es cierto que todavía nos queda el sheriff Arpaio, pero también hay demandas para parar a ese individuo». El terror de los hispanos, que arrasa Phoenix y alrededores con sus redadas, es responsable de la desertización de barrios enteros donde ahora no corre más que el viento y el polvo. La ley hubiera legalizado sus cacerías y las hubiera extendido a todos los rincones del estado, además de abrir una brecha de división racial.

«Si tuviera que aplicar esta ley me sentiría como un nazi», dijo Paul Doubson, el único policía anglosajón que se ha opuesto a la ley en los tribunales. Salvo dignas excepciones, quienes apoyan la ley son anglosajones, y quienes se oponen son de origen hispano. «Todo el mundo entiende que hace falta una solución al problema migratorio, pero esta ley no es la respuesta, no se puede tratar a todos los hispanos por igual», dijo ayer a este periódico el policía Martín Escobar, que demandó la ley por considerar que le obligaría a aplicar criterios racistas que son ilegales.

Con la presión gubernamental en otras áreas fronterizas como California o Texas, Arizona se ha convertido en el gran embudo para los inmigrantes ilegales que se juegan la vida en el desierto de Sonora. Hay quien cree que se ha hecho a propósito, para poder darles caza entre estas montañas áridas con mano dura y ahumarles fuera de sus madrigueras con leyes que buscan la autodeportación. «Cada hispano que se va por miedo a esta ley es un puntito que ganan quienes la han inspirado», le advertía la víspera a su comunidad Jaime Farrant. «Y si ven que funciona, otros estados la adoptarán porque será una forma fácil de librarse de nosotros».

Cientos de ventas de garaje el pasado domingo daban cuenta de quienes no querían arriesgarse a esperar al último día para que la policía los detuviera en la carretera y se pasaran seis meses en la cárcel. Los propietarios han perdido a sus inquilinos, y sin el alquiler no pueden pagar los préstamos. Los embargos se han multiplicado desde que la ley se aprobase el 23 de abril, los comercios sin clientes han cerrado, los colegios han perdido niños por centenares, y la policía toca a las puertas en busca de testigos sin que nadie le abra. «Y te aseguro que en este momento hay muchos maridos violentos en Arizona que le dicen a su mujer: Atrévete a llamar a la policía y le digo que te pida los papeles», dijo Farrant.

La guerra sigue, próxima batalla: Tribunal de Apelaciones de San Francisco, pero hasta que decida, los hispanos de Arizona pueden respirar. El grueso de la ley SB1070 ha sido bloqueado.