El juzgado de lo Mercantil recibe en seis meses 60 suspensiones de pago

«No voy a decir nada del Cádiz», dejó claro a los periodistas Nuria Orellana, jueza de lo Mercantil de Cádiz, después de reunirse con miembros de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) en un desayuno en el que respondió a sus miedos, dudas y cuestiones sobre el temido proceso concursal, al que cada vez más empresas gaditanas se encomiendan debido a la crisis. Una de las últimas, el equipo de fútbol amarillo.

En lo que llevamos de año, el juzgado de lo Mercantil gaditano (el único que hay para toda la provincia) ha recibido ya más de 60 solicitudes de empresas y particulares que, ahogados por las deudas y los acreedores, han pedido ser intervenidas por la Justicia (también las familias pueden declararse en suspensión de pago), y que un administrador externo les gestione sus bienes.

Teniendo en cuenta que en todo 2009 se presentaron casi 100 solicitudes, es más que probable que a finales de este año la cifra supere a a la del ejercicio anterior (a este ritmo, quizá un 20% más): «En la última semana hemos recibido seis concursos de acreedores», revelaba Orellana.

Por si fuera poco, de cara al futuro las previsiones de los informes económicos no son alentadores. Así, Miguel González Saucedo, presidente de la CEC, temía junto a la jueza que el recorte en obras públicas anunciada hace dos día por el Ministerio de Fomento suponga un nuevo golpe a la destrucción de empresas; e insistió en que la causa de que muchas «empresas solventes» se vean abocadas al concurso, es «la falta de créditos bancarios», pero también que las Administraciones no paguen a tiempo a las empresas a las que contratan. «Además del Plan E y el Proteja, el mejor plan que se puede hacer es que las administraciones paguen a las empresas a tiempo».

El incremento de suspensiones de pago, en todo caso, no es algo exclusivo de este año: «Se comenzó a notar en el segundo semestre de 2007, cuando se pasó de 20 concursos ese año a 68 en 2008», recordaba ayer Orellana, que en estos tres años ha percibido cómo ha evolucionado la tipología de compañías que se declara en quiebra: si en los primeros tiempos predominaban las compañías inmobiliarias, como promotoras y constructoras, ahora éstas «son cada vez menos y se ha pasado a las auxiliares de la construcción, como las dedicadas al hierro o al cemento, o con carácter indirecto, las de muebles». Orellana admite, en todo caso, que el tipo de empresas se han diversificado y ya hay «empresas de transporte urbano, bodegas, pescado congelados... y sobre todo los clubes de fútbol, que son ya cinco en la provincia».

A pesar del ingente volumen de asuntos que trata el juzgado mercantil cada año, Orellana reconoció que el segundo juzgado para el Campo de Gibraltar -tantas veces solicitado en el Congreso y el Poder Judicial-, aún no es posible a corto plazo; y ni siquiera se ha cumplido el refuerzo anunciado para el órgano de Cádiz, por lo que el riesgo de colapso es evidente.

Orellana abogó ayer, en todo caso, por «acabar con el estigma» que existe en torno al proceso concursal como un sinónimo de insolvencia: «Hay que entenderlo como una solución a la crisis y una reestructuración empresarial», aseguró, aunque lo cierto es que la mayoría de los concursos concluye con la disolución de las compañías: «El 90% acaba en liquidación y sólo un 10%, quizá menos, en convenio», reconocía ayer la jueza.

Lo preocupante de todo esto es que, según González Saucedo, «se calcula que hay que crear 35.000 empresas en la provincia de Cádiz para salir de la crisis», pero la CEC se «conforman» con que por ahora no se cierren más.