PP y PSOE se sacan los colores a cuenta de los escándalos de Valencia

El dictamen de la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, que declara tránsfugas a los trece componentes del equipo de gobierno de Benidorm -concejales electos por el PSOE en su mayoría- , desató ayer un cruce de acusaciones entre socialistas y populares que acabaron sacándose los colores a cuenta de los escándalos políticos en la Comunidad valenciana.

Juan José Matarí, secretario general de Política Autonómica y Local del PP, acusó a la dirección federal socialista de impulsar y amparar la moción de censura de Bedidorm y señaló a Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, como «responsable política» de esta acción que desbancó al PP de la alcaldía. Se da la circunstancia de que entre los ediles benidormenses declarados ayer tránsfugas se encuentra Maite Iraola, madre de Pajín.

Matarí, representante popular en el Pacto Antitransfuguismo, entregó diversas pruebas documentales de lo que calificó como «simulación y fraude» en el PSOE de Benidorm. Se trata de documentos que demostrarían, en contra de lo que sostienen los responsables de Ferraz, que el actual equipo de gobierno, aparentemente desligado de la disciplina del PSOE, sigue perteneciendo al grupo municipal socialista de Benidorm, según consta en un certificado del secretario del mencionado ayuntamiento alicantino.

Matarí explicó que esta circunstancia contraviene los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo, que instan a los partidos a expulsar de sus filas a los ediles declarados tránsfugas y a no incluirlos en sus candidaturas. La principal consecuencia del 'limbo' legal en el que se hallan ahora mismo los tránsfugas de Benidorm es que siguen percibiendo subvenciones económicas como componentes del grupo municipal, mientras que no tendrían derecho a estas ayudas si el PSOE les hubiera expulsado, porque quedarían como concejales no adscritos, sin grupo, ni siquiera el Mixto.

Antonio Hernando, secretario de Política Municipal en el PSOE, eludió concretar si los ex concejales del PSOE de Benidorm continúan o no al frente del grupo municipal socialista. «Eso habrá que preguntárselo al secretario del Ayuntamiento», apostilló. Lo que sí hizo Hernando es reclamar al PP que «no dé lecciones de moralidad al PSOE» y recordó que los populares «no han hecho nada» contra sus ediles que han participado en 20 mociones de censuras con la participación de tránsfugas.

El representante socialista en el pacto interpretó la estrategia del PP como un intento de «crear una cortina de humo» para «tapar» las denuncias de corrupción que pesan contra dirigentes populares en Valencia, Alicante y Castellón. «Rajoy calificó de ciudadano ejemplar a Carlos Fabra -presidente de la Diputación de Castellón- y ahora la Fiscalía le pide 15 años de cárcel», remachó Hernando. También mostró fotografías y recortes de prensa en los que, entre otras imágenes, aparece Francisco Camps arropando a Ana Kringe, alcaldesa de Denia, a la que le ha dado un puesto en la dirección del PP valenciano tras ser señalada oficialmente de tránsfuga.

Hernando, ante las preguntas de los periodistas sobre si los actuales regentes de Benidorm podrían volver a presentarse como candidatos en lista del PSOE respondió tajante: «Acataremos y cumpliremos las resoluciones del Pacto Antitransfuguismo». Las resoluciones de este órgano impiden a los partidos firmantes -PSOE y PP, entre ellos- incluir en sus candidaturas a cualquier concejal que haya sido declarado como tránsfuga.

Otros acuerdos

Por otra parte, la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, presidida por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aprobó cuatro nuevos casos de transfuguismo y recibió el dictamen de la Comisión de Expertos Independientes, que calificó otros doce casos -entre los que se encuentra el caso de Benidorm-.

La Comisión ha estudiado los ocho casos denunciados desde la última reunión, celebrada en diciembre de 2009. Se trata de Velilla de San Antonio (Madrid), Vilafant (Girona), Tres Juncos (Cuenca), San Agustín de Guadalix (Madrid), Cañete de las Torres (Córdoba), Espinoso del Rey (Toledo), Balaguer (Lleida) y San Sebastián (Guipúzcoa). En este último caso, la denuncia parte de IU y hace referencia al paso de uno de sus concejales al PSOE.