Blanco anula 32 obras y aplaza otras 200 por un valor total de 10.000 millones

Se acabaron para siempre el AVE y las autovías para todos. José Blanco presentó ayer en el Congreso la cara visible, aunque no toda, del ajuste de obra pública decretado por el Gobierno para contener el déficit. Un recorte que afectará, bien mediante la rescisión bien a través del aplazamiento de contratos, a 231 obras de más de un millón de euros en fase de ejecución en toda España, valoradas en conjunto en cerca de 10.000 millones de euros.

El ministro de Fomento evitó cifrar el evidente impacto en el empleo. Una tarea que los sindicatos y las empresas constructoras ya han hecho. La Confederación Nacional de la Construcción, englobada en CEOE, augura también una «cascada de ERE» en el sector. Blanco, consciente del problema, bajó a la arena política y aguantó el golpe: «Asumo toda la responsabilidad». «No les pido su apoyo incondicional, tampoco que no nos critiquen. Sólo que sean conscientes de la realidad en la que estamos y colaboren con sus alternativas», explicó a los parlamentarios, a los que recordó que «esta crisis no la ha inventado el Gobierno». Blanco fue más allá al asegurar que mientras las comunidades critican el ajuste «ellas recortan más obra pública».

El argumento del ministro para el ajuste es doble: la obligada austeridad impuesta por Bruselas y la saturación de obras en algunos segmentos como puertos, aeropuertos y carreteras. Para cumplir con Elena Salgado, que exige a Fomento ahorrar 3.435 millones, se han revisado 3.000 obras, en especial los 1.666 contratos de más de un millón de euros.

De éstos, se van a rescindir 32, de los que 12 se harán después a través de la colaboración público-privada y otros dos se licitarán con cargo al presupuesto ordinario. Eso, si se consigue financiación y la economía se recupera. Blanco no ofreció el valor económico de estos 14 proyectos, que según fuentes del sector, podrían rondar los 450 millones. Solo cuantificó los otros 18 contratos a extinguir, que suponen 926 millones (el 2,7% de toda la obra 'viva' de Fomento).

La desaparición de los contratos también tiene su coste para Fomento, pues ha de abonar a la contratista el 6% de la obra pendiente de realizar, y afecta a todo tipo de empresas. Desde grandes, como Acciona, FCC, Ferrovial o Sacyr Vallehermoso, a medianas o, incluso, pequeñas y locales.

Lo que no aclaró Blanco fue la relación de obras condenadas al aplazamiento (que llegará, según los casos, a los cuatro años), aunque son estas postergaciones las que más impacto en las empresas tienen: condenadas a tener un operario vigilando una obra parada, sin poder contratar personal y con el gasto de alquiler en maquinaria. Los contratos aplazados serán 199 (valorados en 8.700 millones), de los que 112 son de carreteras y 87, de ferrocarril. El detalle, advirtió Blanco, no se conocerá hasta los Presupuestos Generales, en septiembre. Mejor destino correrán los 885 contratos de más de un millón de euros (el 70% de la obra viva), que seguirán su curso sin contratiempos.

El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de colaboración público-privada (CPP), que en un principio se presentó como un revulsivo y ahora se ha convertido en el parche para solventar el pinchazo del presupuesto oficial, no es el bálsamo de Fierabrás. Y es que, según Blanco, es que el programa irá todo lo bien que los bancos quieran. Por ahora, las entidades exigen tasas de rentabilidad de hasta el 14% (frente al tradicional 8% en las concesiones en España), lo que complica sobremanera la cuestión. A esto se suma que el gabinete de Salgadodebe dar siempre su visto bueno. Más problemas puesto que Economía ya ha puesto en duda la rentabilidad de algunos AVE, como el de Galicia.