Libremente, sigo en contra
Actualizado: GuardarEn su replica a mi artículo de opinión sobre la Escuela de Enfermería en la Sierra, don Miguel Rabello Formanti me niega derecho alguno a opinar sobre el asunto, incluso dudando de mi libertad de pensamiento, por haber publicado dos libros con la Universidad de Cádiz. Por el primero cobré mil euros por cinco meses de trabajo y el segundo se lo regalé a la UCA, en mi condición de ex alumno de la misma. No parece una cantidad por la que se venda nadie. De hecho, he publicado otros treinta y un libros, individuales y colectivos, en editoriales y otras instituciones públicas distintas, con las que, luego, libremente, he sido muy crítico en estas mismas páginas de LA VOZ. Yo, desde luego, no le niego al señor Rabello su derecho a tener una opinión distinta a la mía en el asunto de la Escuela de Enfermería por el mero hecho de que trabaje para la empresa que defiende. Ni sé en qué lugar de mi artículo le negaba a esas opiniones el derecho de imprenta. Otro asunto es que, una vez ejercido, se reclame la responsabilidad por las opiniones vertidas, si éstas pudieran ser difamatorias. Y, en este caso, no es una opinión mía, sino del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cádiz que, el mes pasado, ordenó medidas cautelares para que dejaran de repartirse los panfletos que, contra la Universidad, publica la Plataforma pro Escuela de Enfermería. Quienes, por cierto, titulan nada menos que como «La Verdad de Cádiz» la libérrima expresión de sus opiniones. Con igual criterio de monopolio de la verdad, se nos dice que no le niegan a la Universidad su derecho de decidir, o no, esa adscripción, pero si la decisión es contraria a lo que piden entonces la tachan de caprichosa, injusta o hasta prevaricadora. Preferiría que todo este asunto se tratara con argumentos. Como sólo yo soy responsable de lo que firmo, no entiendo que deba preguntarle al rector por los datos sobre la situación de la enfermería en España que, en mi ignorancia, he recabado de entidades ajenas al conflicto, como el sindicato de enfermería SATSE o la Organización Colegial de Enfermería. Como dije, esos datos sitúan el debate en el plano de las propuestas de los partidos políticos sobre empleo en la sanidad; lo que obliga a tratar también qué partidas presupuestarias van a emplearse para pagar todo eso. Si hay enfermeros en paro y ya se han creado plazas suficientes para las necesidades de formación de nuevos profesionales en los campus existentes, ¿hay que gastar dinero público en crear una nueva Escuela en un nuevo campus? Corrijo, finalmente, algunas tergiversaciones de la tribuna que replica a la mía. Una: las acreditaciones de calidad que la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta ha otorgado a los Hospitales Pascual reconocen el buen nivel de sus instalaciones, servicios y organización, pero no les otorgan reconocimiento académico alguno, pues no es su competencia. Otra: aunque se le reclame con vehemencia, difícilmente podía el rector incluir el 'Estudio de necesidades de profesionales sanitarios en Andalucía', publicado a mediados de septiembre de 2009, en la decisión de adscripción de la Escuela Salus Infirmorum, cuya Memoria del Grado de Enfermería fue informada favorablemente por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 13 de febrero de 2009. Es decir, siete meses antes de que se publicara ese estudio. Y otra más: la creación y reconocimiento como Centro Universitario de esa Escuela de Enfermería está aún pendiente de aprobar por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. A día de hoy, sólo existe un edificio y una solicitud de convertirlo en Escuela Universitaria. Por los precedentes, ya nos podemos imaginar las acusaciones terribles si la Junta de Andalucía osara no darles la razón.