El PP pide en el Congreso que se anule el 'catastrazo' aplicado en Jerez

«No es lógico que si la ponencia de valores catastrales está mal, como ha dictaminado la justicia, sólo algunos jerezanos puedan disfrutar de su revisión mientras el vecino de la puerta de al lado tiene que seguir pagando de más». Así de sencillo resulta para el diputado del PP, Aurelio Romero, el razonamiento que ha propiciado que su grupo político lleve hasta el Congreso de los Diputados el problema del 'catastrazo' en Jerez.

Por este motivo, Romero presentó a mediados del mes de junio en la Mesa de la Cámara Baja una proposición no de ley en la que pide al Gobierno central -en concreto a la Dirección General del Catastro- que anule la ponencia de valores catastrales aprobada para Jerez y proceda a estudiar, redactar y, en su caso, aprobar una nueva de acuerdo con la normativa vigente.

Según confirmó ayer el diputado, la Mesa ya ha aprobado tramitar esta petición, que Romero quiere que su grupo político priorice para que se pueda debatir no más allá del mes de septiembre.

En concreto, en la proposición no de ley que los populares han registrado en el Congreso de los Diputados se pide una nueva valoración catastral para todos los inmuebles del municipio de modo que no haya diferencias entre los jerezanos que han recurrido judicialmente la actual ponencia y los que no.

En este punto, Romero recordaba ayer que cuando la Dirección General del Catastro aprobó la ponencia en la que se fijan valores catastrales «muy por encima incluso de los valores de mercado», muchos jerezanos procedieron a impugnar los valores individuales que les eran reclamados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este paso se resolvió cuando el Alto Tribunal andaluz comenzó a notificar las sentencias sobre esas impugnaciones, estimando las reclamaciones, reconociendo que los valores asignados no tienen motivación y anulando las valoraciones individuales.

En este punto, desde el PP mantienen que el hecho de que sólo se vaya a revisar esta situación en los casos en los que haya recursos provocará desigualdades entre los ciudadanos, ya que a los jerezanos que no han podido recurrir -«casi siempre porque no han tenido los medios económicos para hacerlo», insiste Romero- se les aplicará la ponencia de valores aprobada, mientras que los que sí han recurrido se regirán por la ponencia de valores anterior.

De esta forma, y para evitar el galimatías que se puede crear en el padrón municipal, el PP quiere que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a anular la ponencia aprobada y a realizar una nueva «que se ajuste a la realidad del mercado en Jerez». Sobre todo porque la petición realizada por el ejecutivo municipal de que se haga extensiva la aplicación de las sentencias a todos los propietarios «no parece posible por simple procedimiento», de ahí que hayan optado por «abrir el debate en el plano político».

Así las cosas, Romero confió ayer en que el PSOE dé su apoyo a esta proposición cuando se debata en el Congreso, ya que «no tendría sentido que los socialistas que están al frente del Ayuntamiento de Jerez tengan claro que hay que revisar la ponencia, mientras a nivel nacional su partido opta por una decisión distinta».