Millonarios a cuenta de la Seguridad Social

Los sueldos de algunos gerentes de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se sitúan por encima de los 300.000 euros al año, retribuciones muy superiores a las establecidas para los cargos políticos institucionales. Como referencia, el salario del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ronda los 80.000 euros al año. Además, varios gerentes de las mutuas han abandonado el cargo con indemnizaciones costosísimas al ser titulares de contratos blindados. Las elevadas compensaciones que conllevan esas relaciones son abonadas desde fondos públicos y chocan frontalmente con el ajuste y los recortes sociales emprendido por el Ejecutivo para remontar la crisis y garantizar la viabilidad del Estado de Bienestar.

El mundo de las mutuas es complejo, opaco y antiguo porque se trata de entidades de origen privado con el único fin de administrar dinero público para conceder determinadas prestaciones a los trabajadores. Así, son asociaciones de empresarios cuyo objetivo es colaborar con la Seguridad Social. Su financiación se produce vía presupuestos al cien por cien, si bien disponen de un remanente de «patrimonio histórico» que en términos jurídicos es prácticamente Seguridad Social.

En la actualidad, las mutuas se encuentran en el punto de mira de negociaciones institucionales. Para la CEOE, es preciso que recuperen el terreno perdido en su independencia, mientras que los sindicatos critican que su control sea laxo e insta al Gobierno a un mayor examen de las actuaciones de estas entidades.

La Seguridad Social mantiene que lo descubierto son «maniobras» que en muchos casos se desconocen. Por ejemplo, el responsable de Mutua Universal, en su día también vicepresidente de Cepyme (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa), se llevó una indemnización de 600.000 euros (verano de 2007) tras contar con un contrato blindado suscrito con un despacho de abogados. O el conflicto generado por el secretario general de MC CICLOPS que saltó a la opinión pública en abril de 2010, al disfrutar de una serie de prebendas como indemnizaciones, coches, despacho, jornada de dos días a la semana, compatibilidad de su actividad con otras tareas, etc., que le permitían una indemnización de 1,12 millones de euros. El caso se encuentra en los tribunales.

Uno de los últimos procesos afecta al director gerente adjunto de La Fraternidad, sorprendentemente ex director general de la Tesorería de la Seguridad Social durante los gobiernos de Felipe González. Justificó que abandonaba el cargo en base a que la mutua se había reorganizado. A su juicio, ya no tenía cabida su puesto. La indemnización es de 494.610 euros y fue autorizada por el propio presidente de la entidad.

En la lista también están otro responsable de La Fraternidad y el gerente de la Asociación de Mutuas AMAT. La cantidad del primero asciende a 905.529,39 euros, en base a un seguro de vida pagado exclusivamente para él con recursos de la entidad; y la del segundo, a 300.000 euros. Al grupo se une un anterior presidente de AMAT, quien accedió a la Mutua Balear a través de un contrato externo de asesor (nunca tuvo relación laboral). Su indemnización se elevó a 890.379,61 euros.

La Seguridad Social resalta que estos contratos tan gravosos para los fondos públicos «suponen un saqueo para las arcas públicas» y se descubren «poco a poco». En todos los casos se expresa «profundo malestar y rechazo» pero «tenemos que ser conscientes» de que «los contratos llevan fórmulas aparentemente legales, con cláusulas especiales y no es fácil echarlos abajo». Un informe realizado por los servicios jurídicos ha considerado los cobros «improcedentes» y, en este sentido, «de palabra» se ha comunicado a las mutuas que pidan la devolución de lo pagado o si no están de acuerdo con este planteamiento, que recurran contra la Seguridad Social. «Se trata de evitar la connivencia de las entidades», remarcan las fuentes consultadas.

Respecto a los salarios de los gerentes, en los Presupuestos Generales de 2010 se fijó un límite, consistente en que ningún responsable de mutuas ganara más que los cargos institucionales pagados con esa Ley. Lo que sobrepasara de esa cantidad, situada en torno a los 90.000 euros al año, sería considerado complemento personal transitorio y quedaría congelado para ser absorbido en el futuro. Al hacer las cuentas salieron 363 personas vinculadas a las mutuas con retribuciones por encima de ese importe sin computar los pagos en especias y compensaciones. Algunas remuneraciones sobrepasan los 300.000 euros. De cara a 2011, la Seguridad Social baraja una nueva iniciativa, de manera que el ajuste se haga de manera progresiva y sobre todo que se camine hacia una mayor e imprescindible «transparencia».