El SIP denuncia prácticas «corruptas» en el Ayuntamiento y estudia acudir a los tribunales

El momento no podía ser más inoportuno para el Ayuntamiento y más apropiado para ellos, si lo que pretenden es terminar de hundir a una Administración local ya tocada de por sí por la varita del desastre. Si hace dos semanas hacían un amago de retomar las armas, ayer directamente sacaron su artillería pesada para subirse al carro de los despropósitos del gobierno municipal, al que se le acumulan sin remedio los frentes abiertos.

Poco le ha durado al Sindicato Independiente de la Policía Local su condescendencia y su silencio, pues ahora ha salido a la palestra para denunciar la «corrupción» que, a su juicio, está llevando a cabo el Consistorio con el Cuerpo. Unas prácticas por las que incluso se podrían sentar en el banquillo la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales, o al menos ésa es la intención del sindicato, que ya ha puesto el caso en manos de sus asesores jurídicos.

Lo que achacan los agentes al ejecutivo no tiene desperdicio: desde nombramientos arbitrarios e irregularidades en las oposiciones, hasta trato de favor a determinadas personas y la paralización intencionada de trámites administrativos, siempre con propósitos poco claros. Concretamente, como informaron ayer fuentes del SIP, los escoltas se nombran incumpliendo el reglamento y en perjuicio de otros funcionarios, que como argumentan «no se encuentran en el entorno del marido de la alcaldesa».

Amigos de Jiménez

Aquí estaría el quid de la cuestión, pues aseguran que todos los movimientos en este sentido están orientados a beneficiar a los agentes que mantienen un trato cercano o de amistad con Juan Carlos Jiménez, miembro también del Cuerpo de Policía Local. Éste es el caso, según ellos, de algunos de los integrantes del grupo de Investigación, que para colmo «está realizando servicios que son competencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado», algo para lo que no estarían autorizados.

Otra de las cosas que denuncian es el ofrecimiento de un puesto de asesor a un miembro del SIP «con la intención de comprar al sindicato», alguien que por cierto también se habría visto beneficiado por «irregularidades» en las oposiciones de ascenso interno. «Se puede decir que han convocado una plaza para esta persona -explicaban fuentes de la organización-, porque además es amigo del marido de Sánchez. Se han saltado un procedimiento establecido por la Junta, perjudicando a otros compañeros».

Jiménez tampoco escapa a esta presunta confabulación para favorecer a unos pocos. Como recordaron estas fuentes, cuando el antiguo jefe de Gabinete dimitió de su cargo volvió a su anterior puesto de escolta, cuando no debería haberlo hecho por dos razones: la primera de ellas es que en situaciones precedentes, ningún funcionario ha podido retornar a ese puesto, y la segunda es que su condición personal no es compatible con esta función.

Por otro lado, se cuestionan cuál es el papel que desempeña esta persona en la actualidad, pues se deja ver siempre con la alcaldesa pero «¿en calidad de qué, como marido, como escolta o todavía como jefe de Gabinete?». Dentro del compadreo que denuncian estaría también el papel que ocupa otro supuesto amigo de Jiménez, un policía de la escala básica que acudió a la última Junta de Seguridad, lo que sorprende al SIP, y que podría asumir una sección de violencia de género creada presuntamente para él.

Por último, aunque no por ello resulta menos grave, apuntan a la sospechosa paralización de los expedientes de las denuncias que interpusieron la pasada Semana Santa, coincidiendo con su huelga de celo. Toda una serie de «anomalías» que se han desarrollado, según ellos, con la connivencia del jefe de la Policía Local, por lo que la querella que no descartan interponer no iría sólo contra la alcaldesa, sino también contra su superior, acusando a ambos de un presunto delito de prevaricación.

Réplica municipal

El Ayuntamiento, a través de un comunicado, no tardó en responder ayer a las acusaciones del sindicato mayoritario del Cuerpo, manifestando que con ellas no hacen otra cosa que poner en tela de juicio el prestigio policial y el de todos sus compañeros, utilizando para ello una campaña de descrédito.

Con el comunicado, el gobierno local se mostró tranquilo al retar al SIP a que «use los medios que considere necesarios para tratar de demostrarlo todo», en clara alusión a la intervención de los tribunales. En cuanto a los puntos concretos esgrimidos por la otra parte, desde el Consistorio se refirieron de manera expresa a la supuesta paralización en los trámites de las multas, incidiendo en que lo que tienen que hacer los agentes es explicar por qué llegaron a interponer en Semana Santa nada menos que 1.571 amonestaciones, frente a las 300 que han tramitado en el mismo periodo de años anteriores.