Los delitos de tráfico y violencia de género desbordan el turno de oficio en la provincia

Las multas de tráfico, los delitos por robos y los casos de violencia de género son los asuntos que llegan con más frecuencia al Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, que se encarga de distribuir la asistencia jurídica gratuita que ejercen los letrados del turno de oficio. En los casos civiles, los divorcios, separaciones y otros tipos de problemas familiares constituyen también buena parte de los procesos que abarcan los 708 abogados de oficio que cuenta la provincia de Cádiz, a excepción de Jerez.

El Colegio Provincial de Abogados de Cádiz hizo público ayer los datos de la cobertura dada en la provincia y su evolución en años.

Por municipios destaca notablemente Algeciras, que cuenta con el mayor número de casos civiles y penales asistidos gratuitamente por los abogados de oficio, seguida de la capital gaditana. En las denuncias de violencia de género, también está a la cabeza Algeciras, mientras que en segundo y tercer lugar están La Línea de la Concepción y Chiclana, respectivamente.

El Estado de Derecho entiende que la falta de recursos no debe privar a los ciudadanos de asistencia jurídica y con ese afán el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha iniciado una campaña sobre el turno de oficio, para dar a conocer las posibilidades de asistencia jurídica a los colectivos más desfavorecidos. En ese sentido, el decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Asistencia Gratuita del CGAE, Luis F. Nieto, reafirmó que el turno de oficio es «un servicio público que da efectividad a derechos constitucionales y cumple una función social que garantiza la defensa de los colectivos más desfavorecidos».

La situación de crisis que vive el país afecta también a los servicios prestados por esta abogacía, en la que se ha producido «un aumento considerable» de solicitudes y potenciales beneficiarios, con un incremento del 20% en toda España. Nieto expuso «la radical negativa de la abogacía a que se recorten derechos por la crisis» y aseguró que los letrados están asumiendo la sobrecarga que, en este aspecto, deja la coyuntura económica.

En España existen 35.000 abogados inscritos en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. A estos profesionales, que se adhieren al turno de oficio de forma voluntaria, se les exige una formación mayor que a otros letrados. En sus currículos deben constar más de tres años en el ejercicio efectivo de la profesión, estar en posesión del diploma de los cursos de la Escuela Práctica Jurídica y tener despacho abierto en el ámbito del colegio y el partido judicial en el que ejercen el turno de oficio.

Según un estudio del CGAE, datado en 2008, ocho de cada 10 usuarios de la justicia gratuita valoran de forma muy positiva este servicio. En España, los 29 abogados de oficio que dieron cobertura al proceso judicial de los atentados del 11-M recibieron el Premio Europeo de Derechos Humanos.

Aunque se inscriben con carácter voluntario, una vez asignados a un caso, los abogados de oficio sólo pueden renunciar con un motivo personal de peso, a valorar por el decano de su colegio letrado; o si cree que el caso en sí es insostenible. Las personas que pueden hacer uso de estos letrados deben tener ingresos anuales, por unidad familiar, inferiores al doble del Índice Regulado de Precios, unos 14.900 euros, y no tener en propiedad más viviendas que la habitual.

Mejoras

Luis F. Nieto consideró que «después de 14 años hay aspectos que se pueden mejorar desde el punto de vista ciudadano», ya que determinadas situaciones «no están contempladas». En este aspecto, habló de casos de violencia doméstica que quedan fuera de la asistencia por no poderse incluir como violencia de género.

Nieto también comentó la necesidad de ampliar el turno de oficio en los casos administrativo-contenciosos y los laborales, así como dinamizar las cuestiones periciales, antes de las demandas, y prestar una atención más efectiva a los centros penitenciarios.

El uso de las nuevas tecnologías se contempla también dentro de los esfuerzos de mejoras destinados a facilitar el servicio tanto a los ciudadanos y profesionales, como a las propias administraciones.